Caso Essal: por una respuesta correcta

a crisis sanitaria provocada en Osorno por las negligencias de Essal dejó al desnudo tanto las graves fallas de operación y control en esa empresa privada, como las falencias del órgano encargado de la supervigilancia. Ello es sin duda preocupante y deben extraerse lecciones —así como hacer valer responsabilidades que sean en derecho procedentes"— para reducir las probabilidades de eventos similares en el futuro. Pero algunos aspectos de la reacción a la crisis despiertan inquietud.

Uno de ellos es la expresa voluntad, manifestada por autoridades de gobierno y parlamentarias, de sancionar las eventuales responsabilidades con "el máximo rigor", que en este caso equivale a caducar la concesión. Si bien se entiende el deseo de mostrar firmeza ante una falta como esta, lo que se espera de las autoridades es que actúen con el "debido rigor" —ni más, ni menos—, ateniéndose a la letra de la ley y no cediendo a la presión pública por actuar con la mayor severidad posible. Mucho menos antes de que la investigación del organismo encargado, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), establezca responsabilidades efectivas y las correspondientes sanciones.

Más grave aun es dar a entender que el Congreso —cuyas dos cámaras enviaron proyectos de acuerdos solicitando al gobierno caducar la concesión de Essal— tiene atribuciones para intervenir aquí. No corresponde que una instancia política se pronuncie sobre la fiscalización de una empresa privada, porque es inconstitucional y sienta un mal precedente. Se deben cuidar con mucho celo los límites a las atribuciones de los respectivos poderes del Estado, y en este caso —lamentablemente, no el único— estos se han visto desdibujados ante la opinión pública por actuaciones del Ejecutivo y del Legislativo.

El principal objetivo de los actores públicos no puede ser el mayor efecto comunicacional, sino la búsqueda de una respuesta efectiva a una situación que no debió ocurrir y que no se puede repetir. Las instituciones existen, finalmente, para minimizar -nunca eliminar del todo- los efectos negativos de quien obra contraviniendo las reglas del juego.