El súper lunes y el desafío del día después

o es un secreto que el inicio de marzo presenta este año problemas muy distintos a los del retorno del tráfico capitalino y la vuelta a clases en todo el país. Los desafíos son bien conocidos, y van desde la alicaída economía a la posible llegada del virus Covid-19, entre otros; lo que tienen en común al momento de considerar cómo enfrentarlos, es la incertidumbre provocada por la amenaza de un rebrote de la violencia en el marco del llamado "estallido social".

Lo cierto es que la normalidad no ha vuelto al país después de casi cinco meses. Puede que los niveles de violencia recientes no sean los de octubre y noviembre pasados, pero algunas de sus manifestaciones —los ataques a comisarías, la toma de calles, los enfrentamientos con la policía, los incendios de edificios públicos, la destrucción de monumentos— se han vuelto de una desoladora cotidianeidad en las noticias. El rostro de las ciudades es una muestra elocuente de una suerte de anomia que ya es "de rutina": semáforos rotos, comercio informal desbordado, planchas de metal a la entrada de tiendas y centros comerciales, estaciones de Metro inhabilitadas, paredes grafiteadas con llamados a la revuelta e insultos, evidencia de desmanes y saqueos.

Los llamados de diversos colectivos, algunos con apoyo de sectores del Congreso, a redoblar la "protesta social", así como el inicio de la campaña para el plebiscito constitucional de abril, indudablemente agregan complejidad a este cuadro.

Para los chilenos, el desafío inmediato es que la necesaria prudencia y entendible preocupación ante esta situación no se transformen en inmovilismo ni pesimismo. Eso únicamente empeoraría las cosas. El Gobierno, en tanto, debe demostrar que ha sacado lecciones de lo ocurrido. Como han señalado numerosas e influyentes voces, ningún proceso político llegará a buen puerto si antes no se destierra la violencia del espacio público. Si ésta persiste, o peor aún, se agrava, el Ejecutivo será el primer llamado a rendir cuentas.