Fin de Emergencia en el sur: decisión apresurada

El gobierno que acaba de asumir ha planteado una ambiciosa agenda de cambios en distintos ámbitos. Como cualquier Ejecutivo, sin embargo, deberá también hacerse cargo de una serie de temas no relacionados con su agenda, pero que no por ello son menos importantes para el país. Si bien la seguridad no figura como un problema prioritario en el programa de las nuevas autoridades, lo cierto es que ellas reciben a dos regiones del país en estado de excepción: en el norte, por el aumento de la inseguridad y la conflictividad social derivadas de la crisis migratoria; en el sur, por la violencia delictual y el terrorismo vinculados al mal llamado “conflicto mapuche”.

Sobre esto último, la decisión de decretar el estado de emergencia en La Araucanía fue adoptada tardíamente a fines del gobierno pasado luego de años de pasividad estatal ante la vulneración del Estado de derecho en esa zona del país y la consiguiente indefensión de las víctimas. No es, en modo alguno, una medida dirigida contra una etnia o ideología, sino un esfuerzo (insuficiente, por lo demás) para poner coto a los ataques armados, robos e incendios que lamentablemente se han vuelto la normalidad en la región.

El gobierno entrante podría discrepar de ese criterio, por cierto, y en base a su propio análisis decidir que el estado de excepción -que entrega un rol en la seguridad a las FFAA- no se justifica. Sin embargo, al anunciar el mismo día de su asunción que no dará continuidad a la medida -recién prorrogada por el Senado, por cierto, y respaldada por la población local-, confirma que no adopta la decisión basándose en información de seguridad que sólo ahora tiene en sus manos, sino en una interpretación política de lo que la medida significa para sectores del nuevo oficialismo: la supuesta expresión de un (histórico) conflicto entre la minoría mapuche y el Estado chileno.

No es así. En cambio, con ello se arriesga que, una vez más, las víctimas de la violencia y las propias leyes sean rehenes de agendas ideológicas que para nada valoran ni tienen en cuenta la importancia del Estado de derecho, como tampoco la realidad en el terreno.