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Editorial

Integridad pública y Estado moderno

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l presentar ayer el proyecto de ley de Integridad Pública —parte de la Agenda de Probidad y Transparencia que se ha comprometido a impulsar el gobierno—, el Presidente Piñera sostuvo: “Queremos desterrar la cultura del amiguismo, del pituto, del operador político y restablecer en plenitud la cultura del funcionario público de verdad, honesto, comprometido, competente y dedicado al servicio de los demás y no al servicio de sí mismo”.

Son palabras duras y que pueden llamar la atención para referirse a Chile, que ocupa el lugar #26 entre 180 países, según el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. No muy lejos de naciones desarrolladas como Francia o Japón, y por sobre otras como España e Italia (el siguiente sudamericano en el índice ya aparece en el #77, Surinam).

Esto es porque la iniciativa del gobierno tiene un objetivo puntual —y muy oportuno—, que es mejorar la integridad del Estado en lo relativo a conflictos de interés, fundamentalmente en materia de contratación de parientes o cercanos, y del paso al mundo privado de ex funcionarios o ex autoridades. La experiencia reciente demuestra hasta qué punto ésos pueden ser focos de conflicto político, molestia ciudadana y deficiente desempeño estatal.

Se trata de un primer paso auspicioso en una agenda que aspira a una real modernización del Estado chileno. Pero para “desterrar” efectivamente la perniciosa cultura descrita por el Presidente es necesario abordar un problema más contencioso: el estatuto laboral que impide la administración o renovación de la planta funcionaria según los criterios fijados por su empleador, el Estado. Esta rigidez, sin ser la causa única, hace más factible que existan espacios para “el amiguismo, el pituto y el operador político”.

Los aspectos que aborda el proyecto de ley del Ejecutivo —entre ellos también regular los ingresos, uso de asignaciones y deber de abstención de los parlamentarios— son acertados. Pero son sólo un primer paso en la imprescindible tarea de modernizar el Estado chileno.

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