La Araucanía, ¿la paz cada vez más lejos?

no de los anuncios más auspiciosos de 2018 fue el del Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía, que incluía el Plan Impulso Araucanía 2018-2026, con el trabajo coordinado de diversos ministerios en pro del desarrollo integral e inclusivo de la región.

A diferencia de iniciativas anteriores, ésta contemplaba un aporte importante y sostenido de diversas organizaciones de la sociedad civil en alianza con el Estado, lo que abría la posibilidad de obtener resultados positivos en temáticas complejas que, por más de dos décadas, han frustrado los intentos de reducir tanto los niveles de violencia como de pobreza en una parte del país que está entre las más económicamente alicaídas.

La muerte de Camilo Catrillanca en noviembre pasado durante un operativo de Carabineros —con sus secuelas de escándalo por conductas inaceptables que llevaron a la remoción del alto mando y del propio general director de la institución— marcó un quiebre en el clima de mayores entendimientos que se había ido gestando en los meses previos. Desde entonces, los ataques incendiarios y las tomas de predios se han multiplicado, a la vez que la violencia ha recrudecido y las pérdidas económicas se elevan a miles de millones de pesos, todo lo cual parece un lamentable retorno al círculo vicioso que caracteriza al conflicto en esa zona.

Este escenario alimenta dinámicas que, lejos de aplacar las tensiones, las agravan. Por ejemplo, dirigentes gremiales, contratistas y víctimas de la violencia declaran “persona non grata” al ministro de Desarrollo Social, quien ha liderado el Plan Araucanía; algunos parlamentarios llaman a revivir la idea de “militarizar” la zona; representantes indígenas anuncian la prohibición de ingreso de personas no mapuches a zonas que consideran históricamente suyas.

Ni gobierno ni autoridades ni ciudadanos pueden permitir que prevalezcan los ánimos destructivos por sobre los constructivos, arriesgando echar por tierra un esfuerzo que parecía bien encaminado.