La sostenibilidad fiscal en la mira

s muy posible que la sostenibilidad fiscal sea el principal desafío macroeconómico de la próxima administración, y que el control del gasto público -que ya se encuentra en niveles históricos- deberá ser un componente clave, aunque políticamente ingrato, de cualquier gestión responsable del Estado.

El reciente anuncio gubernamental que extiende el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) hasta diciembre, junto con la creación de un nuevo Ingreso Laboral de Emergencia (ILE), vuelve aun más complejo ese desafío. La medida implica un costo adicional para el Fisco de 7.000 millones de dólares, y significa que el gasto del Estado este año sería más del 30% (no el 27,3% proyectado el mes pasado por el Ministerio de Hacienda, que ya era un récord).

Si a esto se suma que todo lo anterior conlleva a una deuda pública que tampoco tiene precedentes (36%), se entiende que la salud del erario estará necesariamente al centro de las preocupaciones -e idealmente, de la agenda- del futuro gobierno. Por desgracia, que la extensión del IFE haya tenido una motivación ostensiblemente política -restar apoyo al dañino proyecto de cuarto retiro previsional adelantado- no refuerza el argumento de la responsabilidad fiscal. Por el contrario, confirma la perniciosa práctica de usar los recursos de todos los chilenos como, muy literalmente, “moneda de cambio” política, con la mirada firmemente puesta en el corto plazo, en lugar del bien común a largo plazo.

Es imprescindible que, más temprano que tarde, se asuma la necesidad de, por un lado, comenzar a retirar las ayudas fiscales extraordinarias justificadas en su momento por la crisis de la pandemia; y por otro, de retomar decididamente el acento en una focalización cada vez mayor de los recursos públicos, alejándose de criterios de universalidad excepto en algunas áreas muy acotadas de política social.

Quienes hoy aspiran a gobernar el país deben ser conscientes de lo anterior, y decírselo responsablemente al electorado.