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Editorial

Proyecto sobre descuentos con tarjeta comercial

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n julio de 2018, un grupo transversal de diputados ingresó un proyecto de ley que pretende se establezca como un acto de “competencia desleal” la conducta de condicionar el precio de cualquier producto o un descuento sobre el mismo, a que sea pagado con una tarjeta de la entidad comercial que lo ofrece. En otras palabras, prohíbe que los clientes puedan ser beneficiarios de descuentos o promociones cuando pagan con la tarjeta del establecimiento.

Lo anterior llama la atención, pues supone que quienes adquieren bienes en ese tipo de establecimiento están forzados a hacerlo con dicha tarjeta o, peor aún, que no son capaces de tomar sus propias decisiones de consumo, ni de decidir qué medio de pago les resulta más conveniente. Dicha medida, además de un cierto paternalismo implícito, supone que el legislador sabe mejor qué le conviene a cada cliente a la hora de pagar un producto, y le prohíbe la posibilidad de acceder a promociones o descuentos incluso a aquellos que, aprovechando la oferta, pagan al contado.

Mociones de este tipo generan confusión, máxime cuando la propia autoridad en materia de libre competencia, el Fiscal Nacional Económico, ha sido tajante en sostener (en audiencia, durante la tramitación del proyecto) que la propuesta no beneficia a los clientes, particularmente a los sectores medios y bajos. De hecho, la Ley de Protección al Consumidor y las Circulares del Banco Central, al regular las tarjetas comerciales, no han encontrado en ese mecanismo problemas de competencia desleal.

Preocupa que iniciativas legales de este tipo sean presentadas en el Congreso Nacional bajo la sugerente etiqueta de “protección a las pequeñas casas comerciales”, pues en la práctica perjudican a la población más vulnerable, prohibiéndole acceder a beneficios y descuentos que de otro modo estarían fuera de su alcance.

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