Editorial

Reforma tributaria: prueba de fuego

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omo consignó nuestra edición de ayer, los ministros económicos del próximo Gobierno – Hacienda, Economía y Trabajo, en particular- asumirán sus cargos en un escenario muy exigente, en principio más compatible con una gestión prudente que con una ambiciosa agenda reformadora.

Aun así, todo Gobierno tiene la responsabilidad de impulsar los cambios que prometió al electorado y que le ganaron su apoyo en las urnas; gran parte del desafío, entonces -que es tanto político como económico-, radica en adecuar dicho compromiso a la realidad en el terreno, que en este caso es la de un país con magras perspectivas de crecimiento en el corto y mediano plazo, con una inflación superior a la meta, y con inéditos niveles de deuda fiscal.

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Sólo por estos motivos, la tarea del futuro ministro de Hacienda sería suya muy compleja. Pero a ello hay que agregar el esfuerzo considerable que su sacará adelante la reforma tributaria que el próximo Gobierno ha definido como un eje clave de su programa económico. El documento la sintetiza en seis grandes áreas, cada una de las cuales encierra sus propias complejidades: nuevo régimen de impuesto a la renta para las grandes empresas; reducción de excepciones; impuestos a la riqueza; impuestos verdes; regalías a la gran minería; y medidas anti evasión o elusión.

El objetivo explícito es llevar a cabo el nivel de recaudación desde el aproximadamente 20% del PIB que representa hoy en día, a un 25% en cuatro años ya un 28% dentro de ocho años. Tanto la idoneidad como la viabilidad de esa mayor recaudación son materia de debate, pero no lo es su centralidad dentro de la agenda gubernamental, puesto que parte importante de los cambios que desea impulsar en otros límites requiere un mayor gasto fiscal.

La forma y la velocidad en que avance la reforma tributaria que propone el nuevo Ejecutivo será determinante para la confianza de los actores económicos y el dinamismo de la actividad, es decir, para el ambiente político y ciudadano en que ejercerá su mandato. Para el gobierno, y su ministro de Hacienda, una dura prueba de fuego.

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