Editorial

Responsabilidad fiscal y urgencias políticas

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l mes pasado, cuando el Gobierno anunció la extensión hasta diciembre del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), y la creación de un nuevo Ingreso Laboral de Emergencia (ILE), el principal motivo no pareció ser económico -dado el intenso repunte de la actividad-, sino político: restar apoyos al proyecto de cuarto retiro adelantado de ahorros previsionales, que mañana debería discutirse en general en la Cámara de Diputados.

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El respaldo a esa desafortunada iniciativa da indicios de debilidad, pero aun si efectivamente es rechazada, la extensión del IFE bien puede haber sentado un dañino precedente, pues las presiones políticas sólo irán en aumento a medida que se acercan las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre. En ese escenario, comenzar a retirar los beneficios estatales de emergencia -como sugieren el juicio de los técnicos- se vuelve políticamente complejo, incluso inviable; al contrario, la presión política será por extender las ayudas, con la mirada puesta en las dinámicas electorales de una segunda vuelta y más allá.

Ello agravaría de formas imprevisibles la compleja situación fiscal de Chile, ya en niveles de deuda históricos, justamente cuando el gasto social debe volver a criterios de focalización y alejarse de la universalidad, como sugirió el Panel de Políticas Públicas UC en una nota publicada ayer. La recomendación de casi el 90% del grupo de expertos no admite dos lecturas: “En consideración al actual estado de la actividad económica y de la pandemia, lo aconsejable sería reemplazar de inmediato el IFE universal por subsidios mucho más focalizados”.

Probablemente la disyuntiva entre controlar el gasto público y mantener las ayudas monetarias de emergencia marcará la discusión del Presupuesto 2022, de próximo inicio. La responsabilidad del Gobierno debe ser con la sostenibilidad fiscal del país y con la ayuda a los más necesitados, no con las urgencias electorales de oficialismo y oposición.

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