Un indulto indefendible

na comisión del Senado ha aprobado la idea de legislar el proyecto de ley que busca indultar a los detenidos por participar en actos violentos durante el llamado “estallido” del 18-O. Se trata de una decisión lamentable, por varias razones.

Por un lado, tal como ha reiterado el Gobierno en su rechazo al proyecto, “no corresponde inmiscuirse en las facultados que son propias de los tribunales de justicia”. En efecto, esto replica una desafortunada práctica de desconocer las atribuciones exclusivas de otros poderes del Estado que iniciaron las propuestas inconstitucionales en materia de pensiones; continuada, por cierto, con la petición de indulto de la Convención Constitucional, que tampoco tiene autoridad en el asunto.

Por otra parte, expresiones como “detenidos políticos”, “presos de la revuelta” o incluso “estallido social” dan cuenta de una interpretación engañosa de lo ocurrido en 2019, que sugiere una suerte de alzamiento popular contra un poder ilegítimo o autoritario, lo que de ninguna manera fue así. Hoy se tiende a olvidar -o más bien a omitir- que hitos como “la marcha del millón” y otras (escasas) manifestaciones pacíficas fueron por muy lejos la excepción durante meses en los que la tónica fueron la violencia, el vandalismo y los saqueos.

De hecho, muchos de quienes hoy defienden a los detenidos del 18-O son los mismos que, por entonces, insistían en la necesidad de distinguir entre los manifestantes pacíficos y los violentistas, porque lo contrario era criminalizar la protesta social. Es cierto: por eso los detenidos no estaban reclamando derechos sociales, sino atacando a la policía con bombas molotov, incendiando edificios, saqueando comercios, destruyendo infraestructura pública. Cometiendo delitos, no manifestándose.

Por último, son muchos miles las víctimas directas e indirectas de la violencia desatada en esos meses, que sólo el inicio de la pandemia y las cuarentenas finalmente lograron aplacar. Para ellas, la respuesta del mundo político fue una reforma a la Constitución, nunca una admisión de responsabilidad ni mucho menos un compromiso de reparación. Que a esa respuesta pueda agregarse el perdón a sus victimarios no sería nada menos que una negación de justicia.