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Editorial

Vandalismo: el Estado a la justicia

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Imagen foto_00000001nte la prolongación de los saqueos y desmanes en algunas ciudades del país, algunas empresas han optado por recurrir a la vía judicial en contra del Estado de Chile, al que reclaman no cumplir su obligación de garantizar el orden público y proteger los derechos consagrados en la Constitución, entre ellos, el de la propiedad.

La acción legal más comentada, por el tamaño de la empresa, es la de la multinacional Walmart, que ha presentado seis recursos de protección tras los ataques sufridos (a veces en forma reiterada) por cerca de la mitad de los 384 supermercados que opera en el país. Sin embargo, también han recurrido a la justicia en forma similar algunos pequeños y medianos comerciantes de Concepción y Valparaíso. Tal como temen altas fuentes de gobierno consultadas por este diario, esto bien podría ser el inicio de numerosas acciones de este tipo en contra del Estado.

Más de cuatro semanas de violentos desmanes dejan pocas dudas respecto de que el Estado, en medida importante, ha fallado en su primera responsabilidad de preservar la seguridad, de la cual depende el pleno ejercicio de las libertades y derechos de los ciudadanos. Tanto a nivel policial como político, ello impone un severo (y urgente) trabajo de análisis sobre las causas de esa falla y las formas de corregirla.

Dicho esto, que la vía judicial esté disponible es un reconfortante recordatorio de que el Estado de derecho permanece vigente y los tribunales siguen cumpliendo su rol. En efecto, la extraordinaria situación por la que atraviesa el país no supone, ni puede suponer, una suerte de “paréntesis” de la legalidad que nos protege. Los tribunales deberán decidir en qué casos corresponde que el Estado asuma responsabilidad, pero lo que no puede ocurrir es que las víctimas del vandalismo —empresas y personas— se sientan desprotegidas ante la ley.

Desde luego, quienes primero deben responder son los protagonistas de la violencia y eso requiere una acción decidida de la justicia. Pero el Estado, ante la ciudadanía, también debe dar respuestas si es que ha fallado en su tarea.

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