En los últimos tres años Perú ha acumulado más de 50 mil denuncias por el delito de amenazas y extorsiones. Estos niveles de criminalidad han generado que diversos organismos, como la Cámara de Comercio de Lima, se reúnan en el colectivo PAS (País Seguro) para solicitar medidas efectivas en contra de la creciente inseguridad que se vive en el país.
El último informe del Observatorio del Crimen y la Violencia, una iniciativa impulsada por el Banco de Crédito del Perú (BCP), arrojó que 21% de los peruanos o alguno de sus conocidos han recibido amenazas o extorsiones en los últimos tres meses. La cifra aumenta a 27% en el caso de los limeños.
Esta cifra ha aumentado en los últimos años, ya que desde 2022 se registraron más de 50 mil denuncias por extorsión, pero sólo 1.200 personas han sido detenidas por ellas.
Al respecto, el estratega de investigación de mercados de Pepperstone, Quásar Elizundia, comentó a DFSUD que “este sentimiento generalizado impacta directamente en el consumo y la actividad comercial, especialmente en el sector minorista, que experimenta un crecimiento más lento debido a la reticencia de los consumidores a exponerse en entornos percibidos como peligrosos”.
Asimismo, apuntó que “el marcado incremento de la criminalidad y la violencia en Perú representa un lastre significativo para su desarrollo económico”.
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Impacto económico
De acuerdo con cifras del Banco de la República de Perú, este tipo de delitos le cuesta al país 2,2% del PIB anual, equivalente a unos US$ 5.800 millones.
El estudio del BCP detalló que 23% de los peruanos cree que su situación económica se ha visto afectada por delitos como la extorsión o el cobro de cupos.
“La afectación económica es mayor en los niveles socioeconómicos C (29%), D (26%) y E (24%)”, según el documento al que tuvo acceso DFSUD.
Elizundia argumentó que “la disuasión de la inversión, el aumento de los costos operativos, el impacto negativo en sectores productivos y la creciente preocupación ciudadana configuran un escenario complejo que requiere una respuesta integral y urgente por parte de las autoridades para restablecer la seguridad, fortalecer la confianza y asegurar un crecimiento económico sostenible en el país”.
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¿Cómo está la región?
En cuanto a los homicidios, el texto detalló que alcanzaron su punto más alto en enero del 2025, con 178 casos registrados.
La tendencia, según el reporte, apunta a que en “marzo podría superar nuevamente los niveles del mes anterior”.
El exministro del Interior y coautor del reporte, Carlos Basombrío, comentó que “la criminalidad no solo se expande, sino que lo hace con niveles crecientes de violencia y una débil capacidad de respuesta del Estado”.
Es por esto que apuntó que se requiere información precisa y decisiones “firmes” para recuperar el control del territorio.
Elizundia enfatizó que “diversos sectores económicos sufren las consecuencias de este clima de inseguridad de diferente manera. Incluso la inversión en sectores clave como la minería puede verse afectada por la presencia de la minería ilegal y los conflictos sociales vinculados a la seguridad”.
Al mismo tiempo, en la región, en 2001 el 93% de la población consideraba que la delincuencia había aumentado. Desde entonces, ha mostrado una tendencia a la baja, aunque aún se mantiene en un 75%.
En el caso de Chile, el 96% de la población sostiene que la delincuencia ha aumentado, mientras que en Costa Rica las cifras son muy similares, con un 93% que cree que ha empeorado. En esa misma línea, Perú es el tercer país de la región donde sus ciudadanos perciben un mayor deterioro en la seguridad: el 92% afirma que la delincuencia aumentó en el último año.
“Esto se debe a cambios abruptos en la presencia delictiva en los dos países más pacíficos de la región”, según el BCP.
Por el contrario, en El Salvador debido al “efecto Bukele”, solo el 7% considera que el crimen aumentó en 2024, mientras que el 89% cree que disminuyó.
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