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Alto contrasteEl pago de Chile
Señor Director:
Resulta preocupante que en Chile permanezcan mecanismos de discriminación salarial hacia las personas mayores de 65 años. Mientras el Congreso discute el reajuste del salario mínimo, dicha propuesta continúa consagrando remuneraciones inferiores por el solo hecho de tener 65 años o más, lo que constituye una discriminación laboral difícil de justificar en una sociedad respetuosa de los derechos humanos.
La convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, ratificada por nuestro país, consagra el derecho al trabajo y establece que todo empleo u ocupación debe contar con las mismas garantías, beneficios, derechos laborales y sindicales, y ser remunerado por el mismo salario aplicable a todos los trabajadores frente a iguales tareas y responsabilidades.
Sin embargo, la lamentable señal de la regulación del ingreso mínimo no es nueva. Por otra parte, el 1 de junio se publicó en el Diario Oficial la denominada Ley de Envejecimiento Digno, que establece aspectos preocupantes en el ámbito laboral. Una de las modificaciones es la posibilidad, por acuerdo entre las partes, de suspender indefinidamente el contrato de trabajo de las personas mayores, es decir, por acuerdo la persona no contará con remuneración y podrá prestar servicios a otro empleador.
Durante la discusión parlamentaria ya se advirtió. La desigualdad estructural propia de la relación laboral implica que tales “acuerdos” pueden transformarse en mecanismos de presión para evitar despidos e indemnizaciones, o incluso utilizarse para apartar trabajadores por razones de salud. De esta forma, en Chile se pueden mantener los contratos de personas mayores suspendidos artificialmente y profundizar los problemas de acceso al trabajo, porque finalmente una persona se emplea para obtener una remuneración y no para tener un simple papel.
En nuestro país el desafío del envejecimiento poblacional exige más y mejores oportunidades laborales y una mirada que proteja sus derechos. Habrá que esperar que se corrija prontamente esta discriminación estructural y avancemos hacia un país verdaderamente inclusivo.
Francisco Neira
abogado socio estudio jurídico La Firma, exjefe legislativo ministerio del Trabajo y Previsión Social
