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Alto contrasteTradicional y supersticiosamente se asocia el número 13 con calamidades, infortunios y fatalidades. Un doble 13 sugiere una doble fatalidad. Y es lo que ocurre con los 1313 niños y adolescentes vulnerables que han perdido la vida estando bajo la directa responsabilidad del servicio estatal mandatado en Chile para protegerlos y promover sus derechos. Ya era una fatalidad que carecieran de familia propia, o que fuera precisamente su remedo de familia la causa basal de su temprana adicción delictiva y consiguiente reclusión correccional. Fatal, en el sentido de máxima desgracia y desdicha, es que hayan fallecido como resultado de deficientes acciones o patéticas omisiones en las prestaciones de salud y cuidado que el Estado debía garantizarles. Que algunos hayan sido arrastrados a pensar y decidir que, bajo ese régimen de tuición, la única vía posible de escape y liberación era poner fin a sus jóvenes vidas. Que otros hayan contraído o reincidido en la drogadicción, en el hábito de delinquir y en el afán de lucrar vendiendo el acceso a su intimidad sexual. Y que no se pueda descartar que hayan sufrido atenciones médicas o sicológicas más cercanas a la tortura que a la sanación. Todo ello viviendo, o vegetando, en un recinto estatal que por mandato de la ley prometía lo que la ley no puede prometer ni el Estado asegurar: suplir eficazmente las carencias de familia.
Pero otra supersticiosa tradición afirma que las desgracias nunca vienen solas. Cuando la opinión pública de Chile se enteró de este cúmulo de fatalidades, que no dependen del azar sino de la irresponsabilidad de un Servicio estatal, la Cámara de Diputados decidió ejercer la primera de sus atribuciones exclusivas: fiscalizar los actos del Gobierno. El Servicio Nacional de Menores (Sename) es un organismo del Estado que depende del Ministerio de Justicia. Diputados oficialistas y opositores integraron una comisión que trabajó durante 8 meses y coronó su labor con un Informe de 535 páginas, el que fue aprobado con votos de una y otra coalición. Llevado a votación en sala, el Informe fue rechazado tras un descarado ("desvergonzado, sin pudor ni respeto humano") lobby de 4 ministros del Gobierno y con votos de quienes, en la comisión, lo habían aprobado. El Informe ¿no tutelaba suficientemente los sagrados derechos de los menores? El Informe adjudicaba negligencia inexcusable –en la frontera del dolo- a personas muy cercanas a la Presidencia de la República. Podía ser utilizado políticamente. Y en una de ésas, ser cabeza de proceso para pasar a la segunda atribución exclusiva de la Cámara de Diputados: acusación constitucional contra Ministros y contra la misma Presidenta. Allí calló el discurso oficial, melifluo, incoherente sobre "los niños primero"; y prevaleció, sin tapujos ni freno, la dínamopatía: esa fatal, demoníaca, esclavizante adicción al poder.
