Agenda económica 2022: las mujeres en el mapa

Marcela Ruiz-Tagle O.

Quien sea el próximo Presidente de la República enfrentará una economía particularmente frágil. Además del avance de la inflación -con características que pueden tornarse permanentes-, deberá lidiar con una tasa de desempleo que oculta un profundo fenómeno de informalidad laboral, influido particularmente por el abandono de las mujeres del mercado del trabajo.

El retorno de las mujeres al empleo remunerado no ha ido a la par de la recuperación de la actividad, tanto por razones de demanda (rezago y cambios estructurales en sectores que tradicionalmente acudían a más mujeres), como de oferta (prolongación de necesidades de cuidados en el hogar ante la pérdida de acceso a servicios de educación, salud y otros), lo que explica una parte importante del "atraso".

La prolongación de este fenómeno tiene consecuencias económicas y sociales de corto y mediano plazo para ellas y el país. Por un lado, está el impacto sobre la pobreza, dada la alta proporción de hogares en esta situación encabezados por mujeres; y por otro, un alejamiento prolongado del trabajo formal remunerado afecta la empleabilidad, productividad y remuneraciones futuras.

Que la mayor pérdida de empleos haya golpeado a las mujeres, y frenado su amplia irrupción en el mercado informal, debiera ser una de las principales preocupaciones para quien se ciña la banda presidencial a partir de marzo, sobre todo considerando que las expectativas de inversión privada se encuentran deprimidas y que los presupuestos de la Nación ajustados nos debieran acompañar más allá del inminente 2022. Por ello urge poner los incentivos económicos donde se pone el discurso. Si desde veredas tan opuestas ambos candidatos han sostenido que el apoyo a la mujer es una prioridad, eso debiera materializarse en los espacios donde hoy ellas necesitan con suma urgencia ese respaldo. Por un lado, es importante incorporar los efectos económicos y sociales sobre las mujeres en las decisiones de política sobre reapertura de servicios de educación, salud, cuidado de adultos mayores y otros, así como localizar inversión en servicios de infraestructura en estos ámbitos. A la fecha esto no ha ocurrido, a pesar de ser una falencia recurrente en los territorios más vulnerables.

Por otro lado, ¿por qué no impulsar la inclusión de la variable de género en el diseño de incentivos a la contratación de mano de obra, para reparar los efectos que ha dejado la crisis en las mujeres y, de paso, contribuir al crecimiento potencial del país? La construcción es un sector con baja participación femenina y que suele ser elegido por la política pública cuando se requiere estimular el empleo. Dadas las especiales necesidades de flexibilidad laboral que tiene un segmento importante de las mujeres, este podría ser un espacio para innovar en estos incentivos, considerando que es una industria que habitualmente genera empleos de corto plazo. Se seguiría así el ejemplo de la ministra Gloria Hutt, cuando incorporó la variable de género en el diseño de subsidios al transporte público.