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Alto contrasteIniciativas de Inversión Estratégicas
CLEMENTE PÉREZ ABOGADO, MÁSTER EN POLÍTICAS PÚBLICAS
Clemente Pérez
De los muchos aniversarios que se celebran en el mes de septiembre, hay uno que pasa desapercibido: el aniversario de la publicación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Ley “MAS”), que el día 29 de este mes celebra su primer año.
La relevancia de este aniversario es que para dicha fecha, de acuerdo a la normativa, debe estar dictado el reglamento que regula las llamadas Iniciativas de Inversión Estratégicas (IIE). Estos son proyectos de inversión que han sido seleccionados, de acuerdo a un procedimiento competitivo que se debe realizar todos los años, dirigido por la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI) y aprobado por un comité integrado por un conjunto de ministros de Estado.
Los beneficios de que un proyecto de inversión sea seleccionado y por tanto, considerado como IIE son muy apetecidos pues tendrá derecho a reducir a la mitad los plazos máximos de tramitación de sus autorizaciones sectoriales y a formar parte del catastro de la Oficina, a la que le corresponderá hacer seguimiento a los proyectos priorizados, por lo que tendrán una especie de “fast track” o al menos, contarán con un aliado al interior de la administración pública, con lo cual la tramitación de permisos podrá ser más expedita.
“Las IIE son proyectos de inversión que han sido seleccionados, de acuerdo a un procedimiento competitivo que se debe realizar todos los años”.
Para ser seleccionados, los ministros deben considerar, por parte de los proyectos competidores, el cumplimiento de los siguientes factores: (i) monto de la inversión, (ii) impacto en el empleo, (iii) aporte al desarrollo económico nacional, (iv) beneficio para el desarrollo social y económico de las regiones y territorios del país y su población, (v) transferencia tecnológica asociada y (vi) su contribución a los objetivos ambientales definidos como prioritarios por el país.
El Reglamento pendiente debe definir los criterios de como evaluar objetivamente estos factores. La verdad es que no debiera ser tan complejo, pues los factores señalados son todos bastante objetivos. Para evaluar el cumplimiento de los objetivos ambientales, factor que podría ser el más indeterminado, el Reglamento debiera echar mano de la llamada “Taxonomía de Actividades Medioambientalmente Sostenibles” (“T-MAS”), que constituye una metodología disponible, elaborada por Hacienda en un proceso que contó con la participación de todos los sectores productivos, y que permite calificar las actividades económicas en su capacidad de alinearse a los objetivos de sostenibilidad, evitando de paso el “greenwashing” o la falsa publicidad ambiental.
El gobierno ha participado activamente en el ChileDay de Madrid y Londres, buscando atraer inversiones a nuestro país. El listado de proyectos que podrían calificar como estratégicos es amplio: mineros, data centers, desalación, energía, incluso turismo. Un conjunto de proyectos que podrán ser seleccionados una vez que se dicte el reglamento respectivo (lo que debe ocurrir en los próximos días de acuerdo a la ley) y se de inicio al proceso de selección.
Es de esperar la implementación de la ley anti-burocracia no se enrede en la burocracia.
