El dos de octubre es la fecha fijada por ley. Ese día, los 35 notarios mayores de 75 años actualmente en funciones en todo el país deben dejar sus cargos, según lo indica la nueva Ley de Notarios y Conservadores que comenzó a regir en abril y que establece el término de los llamados “notarios inmortales o vitalicios”.
Pero algunos de estos auxiliares de justicia ya activaron su estrategia para mantenerse en funciones.
Lo anterior debido a que al menos cinco notarios presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para objetar la medida legal, argumentando en dos casos discriminación por edad y en otros tres casos una acción de mera certeza para resolver la pugna. En todos los casos, se pide la inaplicabilidad de la nueva ley.
Los auxiliares de justicia que impugnan la normativa son el conservador de Bienes Santiago, Luis Maldonado; la notaria y conservadora de Melipilla, Rosemarie Mery Ricci; el notario de Concepción, Ramón García; el notario de Providencia, Eduardo Diez Morello; y el notario y archivero judicial de San Carlos, César Fuentes Venegas.
Los mayores de 75 años objetan los artículos 3° y segundo transitorio de la Ley N°21.772 -que cambió el sistema de nombramientos- que establece el cese de los auxiliares de la Administración de Justicia al cumplir 75 años y que eliminaron la excepción que beneficiaba a quienes habían sido nombrados antes de 1995.
Al Ministerio de Justicia ya han llegado cinco notificaciones desde el TC en que cuestionan la disposición, que forma parte del nuevo sistema de nombramientos de notarios y conservadores que elevó también la fiscalización sobre estos oficios. Se estima que la defensa de la norma a nombre del Ejecutivo estará en manos del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Los notarios mayores de 75 en funciones que buscan mantenerse en sus cargos en su presentación de la acción declarativa de mera certeza contra el Estado solicitan que se determine que su cargo no cesa por el límite de edad, invocando el principio de irretroactividad de la ley, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la confianza legítima y los derechos adquiridos. Mientras que desde La Moneda señalan que lo que corresponde al gobierno “es aplicar la ley y terminar con privilegios”.
Mientras esta pugna legal se resuelve en el caso del Conservador de Santiago, Luis Maldonado -uno de los que impugna el cese de funciones- asumirá en forma interina el hoy conservador de Registros y Gravámenes, Carlos Miranda, en ambos oficios. Mientras que en los otros cuatro casos referidos a notarías quedarán con un interino que debe nombrar el fiscal judicial de cada corte según su jurisdicción.
El presidente de la Asociación de Notarios, Carlos Miranda, recordó que la asociación ya había acordado en el año 2018 respaldar la existencia de un tope de edad para el ejercicio de estos cargos y, por ello, sostuvo que el gremio no ha intervenido institucionalmente en las acciones judiciales promovidas por algunos de sus integrantes, pero reconoció que “toda persona tiene derecho a ejercer sus acciones para defender lo que legítimamente pueda entender que son sus derechos”.
Concursos múltiples
En paralelo, también en octubre el Servicio Civil, que tiene a cargo los procesos de nombramientos según la nueva ley, deberá llamar a concurso a 60 notarías en todo el país y esperar la definición judicial respecto a lo que sucederá con los 35 notarios vitalicios.
A nivel legislativo, en octubre también se espera otra definición, los recursos adicionales que solicitó el Servicio Civil, para realizar los cerca de 100 concursos pendientes de nombramientos de notarios y conservadores heredados del sistema anterior.
Trascendió que el Ministerio de Justicia ya inició conversaciones con Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) para conseguir los cerca de $ 100 millones. Una vez asegurados esos recursos el gobierno ingresará una indicación sustitutiva a la comisión de Constitución del Senado con el objetivo de establecer por ley dicho traspaso y fijar un plazo resolutivo al sistema de Alta Dirección Pública para concursas y proveer en un plazo entre 60 a 120 días de dichos cargos que hoy están con notarios y conservadores suplentes.
Frente a esta sobre carga que se avecina para el Servicio Civil, su director Pedro Lea Plaza, sostuvo que para atender todos estos concursos “estamos evaluando una estrategia multiconcursal que permitirá desarrollar procesos simultáneos y cubrir las vacantes en el menor tiempo posible”.
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