La Seremi de Vivienda y Urbanismo rechazó la instalación de una planta procesadora de jibia proyectada por organizaciones de pescadores artesanales en la bahía de Quintero y Puchuncaví. La determinación, basada en restricciones de uso de suelo, desató un conflicto que amenaza con escalar hacia otros proyectos industriales de la zona.
Ante la negativa, la Federación de Pescadores de Bahía Narau presentó un recurso de reposición para que la autoridad reconsidere la medida. El proyecto, que beneficiaría directamente a 320 trabajadores del mar, busca generar una alternativa productiva de valor agregado para dejar atrás la histórica condición de "zona de sacrificio".
Calificación y uso de suelo
El argumento central de la Seremi para frenar la iniciativa radica en las disposiciones del Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (Premval). El seremi de Vivienda, Marcelo Ruiz, defendió la aplicación de la norma territorial, aclarando que "nosotros no nos estamos oponiendo a que se construya una planta de jibia, sino que lo que estamos diciendo es que esa planta tiene que estar en el territorio que normativamente está adaptado para eso". En esta línea, la autoridad enfatizó que "una actividad que está calificada como molesta no es coherente con el destino de un área rural".
Por su parte, el presidente de la Federación, Hugo Poblete, cuestionó esta interpretación. El dirigente asegura que, con el respaldo de la Seremi de Salud, el proyecto está categorizado como industria molesta y no peligrosa, por lo que a su juicio la restricción invocada no sería aplicable. Para el gremio, esta resolución frena una oportunidad concreta de empleo y emprendimiento para las comunidades locales.
Efecto en Plan Bahía
La decisión de la autoridad de vivienda encendió las alertas sobre el futuro de otras grandes inversiones en la bahía. Desde la Federación advirtieron que, si se mantiene el criterio restrictivo aplicado a su planta de jibia, correspondería revisar bajo la misma lupa la situación de todo el modelo industrial del sector.
Poblete apuntó directamente a las proyecciones del denominado Plan Bahía 2040, presentado recientemente por la ministra Ximena Rincón. Según el dirigente sindical, de aplicarse de manera coherente la actual interpretación de la Seremi, los proyectos de expansión vinculados a empresas como Puerto Ventanas, Copec, Oxiquim y GNL enfrentarían el mismo obstáculo normativo.
Frente a este escenario, la agrupación anunció que solicitará una revisión exhaustiva de los permisos vigentes y proyectados de dichas compañías para exigir igualdad de trato. Adicionalmente, evaluarán la situación regulatoria de otras plantas procesadoras de jibia instaladas en Placilla, Curauma y Papudo para forzar una regularización general del sistema.
Seguridad preventiva
La controversia generó inmediatas repercusiones en el orden público tras el anuncio de movilizaciones pacíficas por parte de los pescadores, quienes acusan que la resolución no se ajusta a derecho y perjudica a los trabajadores artesanales.
El delegado presidencial regional, Manuel Millones, confirmó un despliegue preventivo en la zona para resguardar la bahía y evitar alteraciones. "Se dispuso Fuerzas Especiales, tanto Carabineros como la Armada, para efectos de evitar una suerte de toma en la bahía", detalló la autoridad. El operativo busca prevenir eventuales ocupaciones de instalaciones que puedan alterar el funcionamiento del polo industrial y afectar las faenas marítimas de otros rubros productivos.