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Alto contrasteCuando las buenas intenciones no bastan
JUAN MERICHES DIRECTOR EJECUTIVO EMPRESAS ELÉCTRICAS AG.
Las buenas intenciones no siempre producen buenas leyes. Y cuando se trata de servicios esenciales, esa diferencia puede tener consecuencias muy concretas para las personas.
La discusión sobre la reconexión de servicios básicos en zonas afectadas por catástrofes es un buen ejemplo. El objetivo de apoyar a quienes enfrentan una emergencia es difícilmente discutible. Las empresas eléctricas compartimos plenamente esa preocupación y, de hecho, cada vez que ocurre una catástrofe el esfuerzo principal está precisamente en recuperar el suministro para la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. El problema está en cómo se legisla ese objetivo.
La norma incorporada a la Ley de Reconstrucción establece plazos rígidos para reconectar suministros suspendidos por no pago, incluso cuando la desconexión sea anterior a la emergencia. En electricidad, el plazo es de 48 horas. Pero una catástrofe no es una condición normal de operación. Después de un terremoto, un tsunami, un incendio o un evento climático severo puede haber postes caídos, redes destruidas, caminos cortados, zonas aisladas e instalaciones que simplemente no están en condiciones de ser energizadas de manera segura.
“Si queremos proteger a las personas, las reglas deben funcionar también cuando ocurre aquello para lo cual fueron diseñadas”.
En esas circunstancias, las prioridades importan. Las mismas cuadrillas que deben reparar infraestructura para recuperar el servicio de cientos o miles de hogares pueden verse obligadas a atender reconexiones individuales dentro de un plazo legal perentorio. Y la seguridad también importa: ninguna norma debiera empujar a trabajadores o usuarios a asumir riesgos para cumplir un plazo establecido sin considerar las condiciones reales de terreno.
Nada de esto significa oponerse a medidas especiales de apoyo en una emergencia. Significa exactamente lo contrario: si queremos proteger a las personas, las reglas deben funcionar también cuando ocurre aquello para lo cual fueron diseñadas.
Lo preocupante de este episodio es, por eso, algo más profundo que una disposición particular. Estamos frente a una industria completamente regulada, con normas técnicas construidas durante años precisamente para compatibilizar continuidad, calidad, seguridad y capacidad operacional. Modificar ese equilibrio requiere deliberación, conocimiento técnico y coordinación con las instituciones sectoriales.
Cuando esa discusión técnica no logra incorporarse plenamente durante la formación de la ley, el debate termina trasladándose a otras instancias: primero al Tribunal Constitucional y luego, eventualmente, a la implementación práctica de una norma cuyos problemas pudieron haberse anticipado.
Sería lamentable que ésta fuera la conclusión del proceso. No porque una determinada industria no haya visto recogidas todas sus observaciones, sino porque legislar sobre servicios esenciales exige algo más que identificar un objetivo legítimo. Exige construir reglas técnicamente aplicables, coherentes con la regulación existente y, sobre todo, seguras para las personas y los trabajadores.
Las catástrofes son precisamente el momento en que menos margen tenemos para descubrir que una norma no funciona como esperábamos. Por eso, en estas materias, la calidad de la deliberación legislativa no es un asunto meramente institucional. También es una forma de proteger a quienes dependen de estos servicios cuando más los necesitan.
