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Alto contrasteDatos para decidir mejor
RODRIGO MONTERO Decano Facultad de Administración y Negocios U. AUTÓNOMA
En política pública, lo que no se mide suele terminar discutiéndose por intuición. Y la intuición rara vez basta para decidir cómo gastar recursos escasos. Los datos permiten identificar problemas, comparar alternativas, estimar efectos, corregir programas y, cuando la evidencia lo aconseja, cerrarlos. No se trata de gobernar mirando una planilla, sino de reducir la distancia entre lo que creemos que funciona y lo que sí funciona.
Chile dispone de una materia prima valiosa, pero fragmentada. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia administra registros que describen la realidad socioeconómica de los hogares. El Banco Integrado de Datos ya publica muestras aleatorias y anonimizadas del Registro Social de Hogares para estudios de políticas públicas. El SII concentra información excepcional sobre empleo, ingresos, empresas e inversión, aunque buena parte está protegida por el secreto tributario. Y el INE produce encuestas y microdatos bajo reglas de secreto estadístico y anonimización. El desafío es conectarlos, utilizarlos longitudinalmente y ponerlos al servicio de preguntas relevantes.
Los países que mejor han avanzado no eligieron entre evidencia y privacidad. Construyeron instituciones para compatibilizarlas. En el Reino Unido, el Secure Research Service de la ONS permite utilizar datos anonimizados bajo el modelo de las five safes: proyectos, investigadores, entornos, datos y resultados seguros. En Países Bajos, el CBS permite a instituciones autorizadas trabajar con microdatos enlazables en un entorno remoto controlado. Finlandia ha utilizado registros administrativos vinculados para evaluar políticas laborales y saber no solo si un programa funciona, sino para quién funciona. La lección: el valor no está en liberar bases sensibles, sino en habilitar investigación responsable en entornos seguros.
“Con datos bien gobernados, la política pública puede dejar de ser una colección de buenas intenciones y convertirse en un proceso de aprendizaje”.
Aquí aparece una oportunidad para Chile. El proyecto que crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad, hoy en segundo trámite constitucional, contempla que la Agencia pueda requerir información incluso sujeta a secreto o reserva y que, cuando existan datos personales, sean anonimizados cuando sea posible. Es un avance, pero no basta para crear un verdadero ecosistema de datos. La Agencia debería tener un mandato explícito para articular un entorno seguro de investigación, enlazar registros bajo reglas claras, acreditar proyectos e investigadores, controlar resultados antes de su salida y facilitar acceso a evaluadores públicos, universidades y centros de investigación.
Este diseño debe conversar con la nueva Ley 21.719, que entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026 y refuerza los principios de licitud, finalidad y responsabilidad en el tratamiento de datos personales. La protección de datos no debiera entenderse como una muralla contra la investigación, sino como la arquitectura que la hace legítima. Anonimización, seudonimización, acceso por proyecto, trazabilidad y sanciones frente al mal uso son parte de esa arquitectura.
Un país que quiere gastar mejor necesita saber qué funciona, cuánto cuesta y a quién beneficia. Sin datos, la evaluación llega tarde o no llega. Con datos bien gobernados, la política pública puede dejar de ser una colección de buenas intenciones y convertirse en un proceso de aprendizaje.
