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Alto contraste
En su primera cuenta pública, el Presidente Kast señaló que la energía “debe dejar de ser una fuente de incertidumbre para convertirse en una garantía de bienestar”. Las prioridades que enuncia -modernizar el sistema tarifario, destrabar transmisión y almacenamiento, acelerar la transición hacia 2030- apuntan en la dirección correcta. Por lo mismo, vale la pena precisar dónde poner el acento.
Por años, la conversación energética en Chile estuvo marcada por la necesidad de incorporar más energía renovable y reducir la dependencia de combustibles fósiles. Esa etapa ya fue superada con creces. Hoy tenemos más energía sin emisiones de la que el sistema es capaz de aprovechar, lo que ha generado nuevas complejidades y distorsiones que es necesario corregir.
A fines de 2025, la capacidad solar y eólica alcanzó el 47%. Sumando la hidroelectricidad, la energía renovable representa más de dos tercios de la matriz. Sin embargo, esta expansión -concentrada en el norte- no vino acompañada de señales regulatorias suficientes para llevar esa energía a centros de consumo en forma eficiente.
“Un sistema más limpio no es, por sí solo, un sistema más robusto”.
El resultado es una paradoja: durante muchas horas del día el costo marginal cae a cero y, aun así, gran parte de la energía renovable no alcanza a aprovecharse. En 2025 el vertimiento renovable superó los 6.000 GWh, casi el 8% de todo el consumo eléctrico del país.
La tarea ahora es poner a los usuarios en el centro. Esto implica una nueva etapa de la transición: no solo generar energía limpia, sino asegurar que llegue de forma eficiente a las personas.
Resolverlo exige enfrentar dos desafíos. El primero es rediseñar la arquitectura del sistema eléctrico. Sumar capacidad instalada dejó de ser el problema; el verdadero reto es que la energía llegue de forma eficiente, flexible y competitiva a los usuarios finales.
Ahí el almacenamiento en baterías marca un punto de inflexión. Hoy existen cerca de 9.000 MW en proyectos en operación y construcción. El almacenamiento permite desplazar energía entre distintos momentos del día, gestionar mejor la variabilidad renovable y obliga a repensar la remuneración de la generación y la flexibilidad.
Esto obliga a revisar cuánto y dónde invertir en transmisión, ponderando las redes frente a alternativas como el almacenamiento y la gestión de la demanda. A la vez, es indispensable asegurar atributos que una matriz renovable no entrega naturalmente -inercia, servicios complementarios y estabilidad operativa- y que hoy proveen las centrales convencionales. Un sistema más limpio no es, por sí solo, un sistema más robusto.
El segundo desafío es institucional. La regulación corre detrás de la realidad. Instituciones como la CNE y la SEC deben avanzar hacia una independencia de los ciclos políticos, y el Coordinador gestiona una complejidad creciente con reglas diseñadas para otra época. Evolucionar hacia mercados de ofertas -manteniendo el despacho económico y la lógica marginalista- es un paso natural en un sistema con miles de unidades distribuidas.
Avanzar en ambos frentes, junto al crecimiento e inversión que el país necesita recuperar, debiera empujar la demanda por energía. Sin demanda que la absorba, la energía limpia se desperdicia y la señal para seguir invirtiendo se debilita. La electricidad debe volver a entenderse como infraestructura crítica y habilitador del desarrollo. Para asumir ese liderazgo no basta con crecer más rápido en energía solar o eólica -y pronto en baterías-, sino aprovechar mejor la energía que ya tenemos para desarrollar industrias que la usen de forma eficiente y segura. No dejemos pasar la oportunidad de seguir liderando la transición energética con eficiencia, rigor y la convicción de que lo que está en juego es el bienestar de las personas y la competitividad del país.
