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Alto contrasteExención de contribuciones y una base que se achica
IGNACIO ARAVENA Fellow LSE y Fundación Piensa
El Plan de Reconstrucción comenzará su discusión en el Senado, y la exención de contribuciones a adultos mayores genera ruido entre los municipios. Es fácil empatizar con quienes deben pagar impuestos cuando sus ingresos no acompañan el valor de su patrimonio, pero conviene preguntarnos por la salud fiscal de la medida y por los efectos de seguir achicando la base de pago.
La recaudación habitacional representa cerca del 35% del total y descansa en menos del 25% de las propiedades urbanas, producto de una serie de exenciones. El sector oriente y Santiago concentran cerca del 30% de lo recaudado, aunque comunas como San Miguel y Macul también contribuyen en menor escala y con paradojas como que algunas familias pagan mientras que otras no en la misma cuadra. Más del 60% de lo recaudado se redistribuye luego a través del Fondo Común Municipal (FCM), cuya fórmula considera el tamaño poblacional y la tasa de pobreza comunal, entre otros.
De los 1,5 millones de adultos mayores propietarios, cerca del 75% ya está exento. El beneficio en discusión apunta entonces a poco más de 300 mil propietarios. Aunque el pago tenga mayor concentración en el sector oriente, todas los municipios tienen algo que perder. Las Condes dejaría de recaudar cerca de 36 mil millones (24 al FCM y 12 propios). Puente Alto, Valparaíso y La Pintana recibirían entre 2 y 4 mil millones menos. Más allá de la pertinencia de la medida, se abre un debate como sociedad, pues su costo se reparte por todo el país y bordea los 230 mil millones de pesos, cercano al 8% del total recaudado.
“Antes de seguir sumando exenciones, conviene repensar el sistema por completo”.
Un costo que crecerá en el tiempo. Como los dueños de las propiedades se concentran cerca los 60 años, el universo de beneficiario en cinco años subiría cerca de un 20%, con un incremento de unos 10 mil millones anuales. El vencimiento del DFL-2 de propiedades hoy exentas podría compensar ese incremento, aunque eso depende de cómo evolucionen los avalúos. Es decir, en el mejor escenario cubre parte de la variación anual, pero no el nivel base de 230 mil millones.
Lo anterior obliga a preguntarse si la única solución es seguir ampliando las excenciones, lo que dejaría a cerca del 17% de las viviendas pagando contribuciones, acercando el tributo a un gravamen patrimonial más que territorial. Cada nueva exención achica esa base, ensancha diferencias y abre espacio a arbitrajes, mientras los municipios siguen dependiendo de un fondo que no debería ser su única vía de financiamiento –una discusión que todavía no tenemos–.
La pregunta no es solo cuánto nos cuesta eximir a los adultos mayores, sino sobre qué sistema lo estamos haciendo. Existen alternativas menos costosas: postergar el pago hasta la venta o la herencia, focalizar por capacidad de pago, o ampliar la base con una tasa menor -hoy la tasa equivalente es un tercio de la legal-, lo que en comunas como Santiago bajaría la cuota de quienes pagan cerca de $ 65 mil a unos $ 20 mil trimestrales. Antes de seguir sumando exenciones, conviene repensar el sistema por completo. Los números ya están; nos falta dar este debate con ellos sobre la mesa.
