Nueva Constitución: ¿más o menos probable?

Jorge Selaive

Sin duda los próximos meses serán de tensión, incertidumbre y preocupación ciudadana. Las variables económicas lo reflejarán, haciendo difícil distinguir el corto del largo plazo.

Se ha instalado un consenso en torno a que el amplio triunfo de Gabriel Boric implicaría una mayor probabilidad de aprobación de la nueva Constitución. Sin embargo, sabemos que un intenso escenario reformista introduce grados de incertidumbre política que podrían tener consecuencias en el apetito de inversión. La economía cuenta con un "momentum" favorable, que con una intensidad aún difícil de tabular comenzaría a decaer paulatinamente a inicios del próximo año.

El escenario internacional luce algo más desafiante, ya que no es descartable un empeoramiento en la situación sanitaria. Son demasiados riesgos cuya contención supera ampliamente las capacidades de cualquier gobierno. A pesar de que el triunfo de Boric fue rotundo, el capital político para generar contención es más escaso.

Los 3,6 millones de votos que obtuvo José Antonio Kast pueden representar justamente la aprensión respecto de eventos en el ámbito económico con una alta probabilidad de concretarse. Es complejo para el nuevo gobierno que, al poco andar, dichos votantes levanten la idea de que estaban en lo correcto, pero podría serlo más para la Convención Constituyente, porque podrían transformarse en votos de rechazo permanente para cualquier iniciativa progresista.

Por supuesto que la reconfiguración política de la centroderecha incide en la consolidación del votante de oposición. Estos votantes equivalen a algo más del 48% de los votos emitidos en el Plebiscito Constitucional de octubre de 2020. Nada asegura que el gobierno y la centroizquierda logren impulsar nuevamente una alta participación electoral en medio de tensiones políticas y deterioro económico.

Hacia marzo, nuestro Presidente electo debería iniciar su período con altos niveles de aprobación ciudadana, que deberían rondar el 60%. Por simbiosis, la Convención debería recuperar algo la confianza ciudadana que las encuestas ubican en 52%, con solo un 29% de aprobación. En ese momento estaremos en medio de un paulatino deterioro macroeconómico y con una esperable agitación política derivada de las negociaciones políticas propias de la instalación del nuevo gobierno.

Además, tal como ha pasado anteriormente, los niveles de aprobación de los presidentes se reducen significativamente a medida que sus mandatos avanzan. Es una posibilidad que, hacia mediados de año, las encuestas reflejen un reñido referéndum aprobatorio de la nueva Constitución. Desde mi punto de vista, mientras más se extienda el plazo para el plebiscito, más probable sería un rechazo.

¿Qué implicaría esto? Desde la mirada política, mantendría o podría incrementar el escenario de polarización. Desde el punto de vista económico, sería una señal de statu quo de un proceso de cambio en curso, pero también de confrontación política, toda vez que es esperable que la nueva administración y las coaliciones que la apoyan pongan todo su capital político en el plebiscito de salida.

Esta combinación no le hace bien al crecimiento, aunque la pregunta es si tener una Nueva Constitución le haría mejor. Es así como la Convención debería tener desde ya una mirada inclusiva y actuar con cautela suficiente en sus propuestas, de manera de reducir las posibilidades de convertirse en un problema adicional a los que el país ya enfrentaría, maximizando así la probabilidad de tener una amplia aprobación en el proceso de salida.