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Alto contraste
La confianza es el activo más valioso de cualquier sistema financiero, ya que permite que los ahorros se traduzcan en el financiamiento de proyectos que activan la economía. BancoEstado materializa este pilar a través de la banca personas más grande del país, su histórica red de empresas PYME y una presencia territorial única mediante sucursales y CajaVecina, desde Putre a Puerto Williams. Sin embargo, hoy enfrentamos un grave dilema: una legislación creada con nobles fines se ha desnaturalizado en su objetivo y se ha vuelto un riesgo para el sistema.
Como banco público, sorteamos un péndulo legislativo que no encuentra su equilibrio. En 2020, la Ley 21.234 buscó legítimamente resguardar a los usuarios, pero obligó a restituir fondos en plazos perentorios, a todo evento y sin revisión alguna. Posteriormente, la Ley 21.673 de 2024 intentó corregir este rumbo exigiendo una denuncia formal ante las policías, lo que contuvo temporalmente la proliferación de ilícitos. Sin embargo, hoy la tendencia vuelve a ser crítica y las demandas por devoluciones retoman dimensiones alarmantes.
El fenómeno se ha profesionalizado. Ya no hablamos solo del ciudadano común que cae en una trampa, sino de complejas estructuras delictuales que utilizan la ley como cobertura para obtener beneficios indebidos. Solo desde 2023, BancoEstado ha desembolsado cerca de US$ 400 millones por concepto de la Ley de Fraudes. Para dimensionar el impacto, este monto equivale a los recursos necesarios para entregar 100.000 nuevos créditos Fogaes para la vivienda. Esta fuga representa menos recursos para optimizar los procesos del banco y mejorar la calidad de atención a nuestros clientes, pero por sobre todo, es capital que deja de destinarse a la puesta en marcha de más y mejores políticas públicas.
“El fenómeno se ha profesionalizado. Ya no hablamos solo del ciudadano común que cae en una trampa, sino de complejas estructuras delictuales que utilizan la ley como cobertura para obtener beneficios indebidos”.
Ante este desafío, pasamos a la acción. Además de mejorar nuestros procesos operacionales, hemos dado inicio a instancias de colaboración institucional con el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) para prevenir, detectar y combatir el fraude. En esa línea, intensificamos el seguimiento de una querella marco presentada en 2024, que agrupa a más de 7.000 imputados, bajo la figura delictiva del autofraude, lo que posibilitará la recuperación de flujos financieros retenidos y la persecución de eventuales asociaciones ilícitas.
Esta coordinación es necesaria, pero insuficiente. El diseño actual de la Ley de Fraudes merma la confianza que requiere la banca pública y provoca un daño patrimonial al Estado difícil de ignorar. Como presidente de la institución que procesa más de la mitad de las transacciones diarias del país y atiende a 15,5 millones de clientes, tengo el deber de advertir este fenómeno.
La legislación debe ser revisada para asegurar su propósito original: garantizar la seguridad y estabilidad de medios de pago, cerrándole definitivamente la puerta a quienes abusan del sistema. Un rediseño profundo es urgente, para resguardar el patrimonio público, y para evitar que las vulnerabilidades de la ley terminen facilitando acciones ilícitas.
