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Alto contrasteLey Lafkenche: entre la opacidad y el cerrojo del borde costero
JACQUELINE PLASS Presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas de SOFOFAIVÁN CHEUQUELAF Secretario Ejecutivo Comisión de Pueblos Indígenas de SOFOFA
Nuestro borde costero enfrenta un punto de inflexión con la inminente entrada en vigor de la Ley SBAP mediante la dictación de sus reglamentos, que vincula nuevas áreas protegidas de pueblos indígenas con los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) y en la misma línea crece la preocupación por la opacidad en el financiamiento de algunas ONG ambientales y su rol en la instrumentalización de solicitudes de ECMPO, desviándose del espíritu de la Ley Lafkenche.
Se han conocido casos donde algunas ONG, bajo la bandera ambiental, promueven y asesoran a comunidades indígenas en solicitudes de ECMPO que parecen desviar el fin perseguido por la Ley Lafkenche. Esta ley, diseñada para la preservación de tradiciones, costumbres y ciertos usos extractivos de orilla en espacios acotados, se ha utilizado para justificar la solicitud de grandes extensiones de borde costero con fines productivos, bajo la figura del uso pesquero.
“La transparencia del financiamiento de las ONG ambientales se hace imperativa. Conocer las fuentes de recursos que respaldan sus acciones es una necesidad para garantizar la integridad y probidad en el desarrollo de políticas públicas y proyectos de impacto”.
Y, justamente, este es el problema de fondo. La Ley Lafkenche fue concebida para preservar la cultura y tradiciones de los pueblos indígenas que habitan en el borde costero de nuestro país en áreas delimitadas y compatibles con otros usos del borde costero. Sin embargo, en la práctica, se ha transformado en un instrumento para invocar un uso pesquero en un sentido netamente productivo, recurriendo a las solicitudes ECMPO, que poco tiene que ver con la explotación de recursos hidrobiológicos. Este ámbito, históricamente regulado por cuotas de pesca para definir la participación en la industria, se ve ahora enfrentado a un nuevo paradigma que no dialoga con la regulación sectorial. La paralización de grandes extensiones del borde costero por estas solicitudes de ECMPO es evidente y de público conocimiento. Si el objetivo subyacente era usar la Ley Lafkenche como motor de desarrollo productivo indígena, es hora de reconocer que su aplicación en este sentido desnaturaliza su espíritu y genera más problemas que soluciones. No solo afecta a las propias comunidades, al no ofrecerles un camino sostenible, sino que impacta a todos los actores del borde costero.
En este escenario, la transparencia del financiamiento de las ONG ambientales se hace imperativa. Conocer las fuentes de recursos que respaldan sus acciones es una necesidad para garantizar la integridad y probidad en el desarrollo de políticas públicas y proyectos de impacto. Permitiría evaluar la objetividad de sus acciones, asegurando que estén alineadas con los intereses comunitarios y no con incentivos externos. Además, fomentaría la rendición de cuentas, garantizando el uso eficiente de los recursos para los fines declarados, y contribuiría a un diálogo más informado sobre el uso del borde costero, promoviendo soluciones justas.
Para las necesidades de desarrollo económico indígena, necesitamos pensar en mecanismos más sofisticados y armónicos con el modelo económico imperante. La solución no reside en la extensión indiscriminada de ECMPO con fines productivos que no estuvieron previstos en el espíritu de la legislación, sino en la búsqueda de fórmulas que integren a los pueblos indígenas como actores económicos sostenibles.
La clave reside en la asociatividad entre inversionistas y comunidades locales. Debemos fomentar modelos que permitan a los pueblos indígenas participar activamente en el desarrollo económico de sus territorios, generando valor y prosperidad conjunta. La experiencia internacional nos ofrece ejemplos valiosos. Países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos han implementado soluciones que, aunque no replicables al pie de la letra, nos brindan ideas sobre cómo integrar a las comunidades indígenas en el desarrollo económico de forma exitosa y respetuosa. Nueva Zelanda destaca por la cogestión de recursos naturales y la creación de empresas pesqueras y forestales maoríes. En Canadá, los acuerdos de reparto de beneficios y la creación de corporaciones de desarrollo indígena han permitido a los pueblos indígenas invertir y prosperar.
Estos ejemplos demuestran que es posible alcanzar un equilibrio entre el respeto a las tradiciones ancestrales y la inserción en el modelo económico moderno. El desafío para Chile es construir un camino que potencie la autonomía y el desarrollo de los pueblos indígenas, de una manera transparente, sostenible y que beneficie a todo el país. Es hora de un diálogo franco y constructivo que nos permita destrabar el desarrollo del borde costero y asegurar un futuro próspero para todos.
