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Alto contrasteLey que crea los expedientes judiciales electrónicos
Jaime Soto Secretario general de ACTI
Hace poco la Presidenta promulgó la Ley que establece la tramitación en línea de los procesos judiciales, y desde ACTI estamos muy entusiasmados y orgullosos de este gran paso hacia el mundo digital.
La nueva legislación se traduce en una modernización del sistema judicial que viene a reducir los costos, tanto para los usuarios, como para el personal administrativo de este poder. De esta forma, el proyecto de ley que originalmente ingresó al Congreso en agosto del 2014, hoy se convierte en una realidad que da estabilidad y certeza a mecanismos y procedimientos que son necesarios y que se realizan en forma diaria en Chile. La ley fue impulsada durante todo su proceso por don Sergio Muñoz, quien concluye su mandato como presidente de la Corte Suprema y junto a quien ACTI tuvo la oportunidad de trabajar en conjunto la Feria de Justicia y Tecnología en el año 2014, convencidos ya de que este cambio y otros en el ámbito, son muy necesarios para la celeridad de los procesos y el desarrollo de Chile.
La normativa viene a transformar la plataforma actual, sin alterar su procedimiento de fondo, al adaptar a un soporte electrónico toda la carpeta judicial que, hasta entonces, sólo se permitía utilizar de forma física y en papel durante los procesos civiles ordinarios, avanzando así a la par con los avances que ya se han introducido en la justicia penal y laboral.
Es por ello que desde la industria tecnológica estamos muy felices por este gran paso, el que significa un acercamiento importante a la digitalización total de los trámites que realizan los diferentes poderes en el país, lo que significaría una etapa clave en pos de convertir a nuestras ciudades en Smartcities y disfrutar así de los beneficios que la tecnología otorga al día a día de las personas.
Cabe destacar que este desarrollo permitirá además contar con el respaldo, fidelidad y reproducción de todos los documentos utilizados durante el trámite, además de dar la opción para que todos los actos jurisdiccionales y procesales suscritos con firma electrónica sean válidos y con los mismos efectos que si se hubieran realizado de manera tradicional.
No menos importante es el paso hacia un país más transparente en el que contemos con autoridades apoyadas por los ciudadanos, ya que como todos los actos de los tribunales son públicos, los sistemas informáticos que se utilicen deben garantizar el acceso de todas las personas.
De esta forma, el país abraza el ingreso a una ‘justicia digital’, gracias a la cual podemos convertirnos en una nación más competitiva, eficiente, innovadora y, más aún, con el apoyo y confianza de sus ciudadanos.
