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Alto contrasteLo que el debate sobre la niñez haitiana no está diciendo
WALESKA URETA CAÑAS DIRECTORA NACIONAL SERVICIO JESUITA A MIGRANTES GABRIELA HILLIGER CARRAS CODIRECTORA JURÍDICA SERVICIO JESUITA A MIGRANTES
La investigación sobre el ingreso de un grupo de niños y niñas haitianos a Chile es necesaria y debe avanzar con rigurosidad. Cuando están involucrados niños, niñas y adolescentes, cualquier eventual vulneración de derechos exige la máxima diligencia institucional. Eso no está en discusión.
Lo que sí merece análisis es la distancia entre lo que el preinforme de Contraloría efectivamente dice y las conclusiones que el debate público ha sacado de él. Contraloría detectó irregularidades en los mecanismos institucionales y nudos críticos en la coordinación interinstitucional. Eso es lo que tiene competencia para detectar. El informe final está pendiente, y especular sobre delitos graves antes de que el sistema persecutorio penal concluya su trabajo no es coherente con la responsabilidad que la protección de niños, niñas y adolescentes, de cualquier nacionalidad, amerita.
Vale la pena detenerse en lo que los datos del preinforme sí muestran. Las visitas de seguimiento de las Oficinas Locales de la Niñez lograron identificar a un número significativo de niños en el domicilio declarado, viviendo con el adulto responsable que solicitó la visa. Quienes solicitaron estas visas entregaron su RUN y sus antecedentes ante la institucionalidad competente, en el marco legal vigente. La reunificación familiar no es un mecanismo laxo: tiene requisitos concretos y una cadena de responsabilidades institucionales.
Lo que el preinforme revela son nudos críticos en esa cadena: falta de coordinación interinstitucional y capacidad insuficiente de seguimiento por parte de la institucionalidad migratoria y de niñez. Esta es la oportunidad que esta situación abre, y es ahí donde deben concentrarse los esfuerzos. Confirmar el bienestar de cada niño, niñas y adolescente ante posibles vulneraciones de derechos es urgente y necesario, y para eso se requieren instituciones mejor coordinadas, no un mecanismo suspendido.
La reunificación familiar es un mecanismo con procedimientos establecidos y filtros reales. Quien solicita debe ser padre o madre con residencia definitiva o nacionalidad chilena, con trayectoria migratoria acreditada. La flexibilidad documental que se ha cuestionado responde a una realidad técnica concreta: cuando un país tiene institucionalidad quebrada, como Haití, los documentos oficiales no son siempre confiables y se exige evidencia secundaria adicional.
Haití atraviesa una crisis sin precedentes. Chile es visto por muchas de estas familias como un Estado capaz de garantizar a sus hijos condiciones de vida dignas. Ese es el deseo que está detrás de una solicitud de reunificación familiar: no eludir controles.
La respuesta frente a las graves irregularidades identificadas por la Contraloría no puede ser suspender el otorgamiento de visas de reunificación familiar. De ser así, quienes pagarían el costo de esas irregularidades serían los niños y niñas en Haití, un país que vive una de las crisis humanitarias más graves del mundo y cuya única vía para reunirse con sus padres quedaría bloqueada. Fortalecer los mecanismos de protección para los niños y niñas que ingresan al país para ejercer su derecho a vivir en familia es aquello a lo que deberíamos abocarnos con urgencia.
