Sector construcción: la productividad al debe

Marcela Ruiz-Tagle

Nuestro país lleva 15 años de productividad estancada, con crecimientos económicos decepcionantes que resultan en un PIB potencial insuficiente para cumplir de manera sostenible con las expectativas de una mejor calidad de vida para los ciudadanos. En este contexto se dio a conocer recientemente la Agenda de Productividad, la que contiene un amplio abanico de medidas.

Destaca, por lo transversal de su impacto, lo relacionado con mejoras de procesos para inversiones, como la reforma estructural para la tramitación de permisos sectoriales. Pero igual de relevante es la productividad del sector que materializa esta inversión.

La construcción representa alrededor del 7% del PIB. Es uno de los sectores con mayor número de empresas y trabajadores del país, quienes ejecutan la inversión pública y privada en vivienda e infraestructura. En contextos recesivos, ha sido tradicionalmente el canal utilizado para políticas contra cíclicas, como ocurrió durante la pandemia al comprometerse US$ 34.000 millones para ejecutar obras de inversión pública entre 2020-2022. A ello se suma el reciente fondo de garantías especiales.

A pesar de ello, la productividad del sector no solo ha sido negativa en el período, incidiendo en el promedio nacional, sino que es de las más bajas en términos intersectoriales. Y si se compara con los países de la OCDE, es un 52% inferior.

Las ineficiencias no solo obedecen a rigideces regulatorias, falencias en la estructura de aplicación y obtención de permisos sectoriales o a la falta de integración entre ministerios sectoriales. Distintas iniciativas han sido impulsadas para mejorar su productividad, como el programa Construye 2025 de Corfo iniciado en 2015, que busca promover la adopción de tecnologías y fomentar el proceso de industrialización sectorial; sin embargo, los resultados de estas acciones no han tenido incidencia a nivel agregado.

Según la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, las empresas del sector construcción son reticentes a innovar en sus procesos productivos, a pesar de que si eliminaran la brecha de productividad respecto a sus pares de países de productividad media, el PIB sectorial aumentaría en más de 65%. Esto implicaría, por ejemplo, pasar de construir un edificio de 13 pisos a uno de 19 pisos en el mismo tiempo y con la misma cantidad de trabajadores; o aumentar más de un 200% la productividad de las obras de infraestructura vial.

En el actual contexto recesivo y de crisis habitacional debiera ser imperativo promover la competencia sectorial, exigiendo en las licitaciones públicas el uso de tecnologías para asegurar el cumplimiento de la planificación, diseño y gestión de las obras; premiando la construcción industrializada e incorporación de suministros innovadores; y exigiendo la valorización de residuos. Junto a ello se debiera transparentar al mercado la información relativa a costos y plazos de ejecución por tipo de edificación y etapa, de forma que se conozcan los estándares de las empresas más eficientes y así incentivar la productividad sectorial.