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Alto contrasteLa deuda pública más allá del Gobierno Central
MAURICIO VILLENA DECANO FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA UDP
Mauricio Villena
Cuando Codelco cerró 2025 con una deuda financiera bruta de US$ 25.834 millones, más de 7% del PIB, esa cifra no apareció en ningún indicador oficial de deuda pública. Codelco es 100% del Fisco.
En Chile discutimos la situación fiscal mirando una sola cifra: la deuda bruta del Gobierno Central, las instituciones cubiertas por la Ley de Presupuestos (ministerios, Congreso, Poder Judicial y Contraloría). Sumarle las municipalidades da el Gobierno General. Es natural mirar la primera: la Ley de Responsabilidad Fiscal fija sobre esa deuda un ancla de mediano plazo, y el actual Decreto de Política Fiscal mantiene el nivel prudente en 45% del PIB. Al cierre de 2025, esa deuda llegó a 41,5% del PIB (Dipres, 2026).
Pero el Estado es bastante más que el Gobierno Central: posee empresas, controla activos y enfrenta obligaciones que tienen consecuencias fiscales.
“El Estado es bastante más que el Gobierno Central: posee empresas, controla activos y enfrenta obligaciones que tienen consecuencias fiscales”.
Ampliar la medición a Gobierno General cambia poco la fotografía: los bonos y créditos municipales son marginales. Una excepción son las cotizaciones previsionales retenidas y no enteradas en las AFP, buena parte en corporaciones municipales que ni integran esa estadística. El FMI (2014) clasifica esas cuentas por pagar como deuda, justo lo que el sistema de caja tiende a ocultar.
El verdadero cambio aparece con las empresas públicas. A diciembre de 2025, sus pasivos financieros consolidados alcanzaban US$ 38.400 millones, 10,2% del PIB, con Codelco como el caso mayor. No hay que sumarlos mecánicamente a la deuda soberana, pues generan ingresos propios. Pero tampoco son ajenos al balance del Estado: una empresa apalancada puede convertirse en fuente de riesgo fiscal.
Timothy Irwin (IMF Working Paper, 2015) muestra que las reglas concentradas en un perímetro estrecho generan incentivos para desplazar deuda hacia entidades fuera de él: controlan lo que miden, pero dejan riesgos fuera de la vista. Hacienda lo confirma: sumando el Banco Central, la deuda ya es 52,4% del PIB, más de 7 puntos sobre el ancla. La respuesta a “¿cuánto debe el Estado?” depende de dónde dibujemos el perímetro.
La solución no es reemplazar el 45%: la deuda del Gobierno Central sigue siendo la variable correcta para disciplinar el presupuesto. Necesitamos una arquitectura de dos niveles: la regla vigente como ancla, más una visión patrimonial consolidada del Sector Público no Financiero -Gobierno General más empresas públicas- publicada junto al Informe de Finanzas Públicas. ¿No terminará esa segunda cifra tan ignorada como hoy lo está el Sector Público? Solo si se publica de forma aislada.
Integrada al informe que siguen el Congreso y las clasificadoras de riesgo, deja de ser un dato suelto y pasa a ser parte del análisis de sostenibilidad. Es lo que exige la Unión Europea desde 2013: junto a la deuda Maastricht del Gobierno General, sus miembros reportan anualmente a Eurostat los pasivos de empresas públicas fuera del perímetro y las garantías estatales, cifras que en Alemania o Francia superan 70% del PIB.
No necesitamos abandonar el ancla fiscal. Necesitamos mirar también lo que está fuera de ella.
