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Alto contrasteQue el ahorro fiscal no lo paguen las ciudades
MARTÍN ANDRADE RUIZ-TAGLE director ejecutivo de Corporación Ciudades
Hoy Chile enfrenta un escenario de mayor restricción de recursos públicos, centrándose comprensiblemente el debate en la necesidad de ordenar las finanzas del Estado y priorizar el gasto. Pero existe una pregunta que merece más atención, ¿cómo evitar que el ajuste fiscal termine deteriorando la calidad de vida de las personas por un “frenazo” de inversiones públicas en la ciudad?
En distintas regiones del país existen proyectos de recuperación urbana, espacios públicos, áreas verdes e infraestructura comunitaria que se encuentran en ejecución o en etapas de planificación. Iniciativas como el recién anunciado Plan Eriazo Cero, que busca recuperar más de 1.200 terrenos fiscales abandonados; proyectos emblemáticos y de larga espero como el Cerro Chena; o diversas intervenciones en parques urbanos y espacios comunitarios apuntan precisamente a reducir brechas territoriales y mejorar la vida cotidiana de miles de personas.
Cuando estos proyectos se postergan o ralentizan, el impacto no es solo urbanístico. También se traduce en menos oportunidades de encuentro y de acceso a la naturaleza, mayores riesgos de deterioro urbano y una menor capacidad de las ciudades para enfrentar desafíos tan diversos como la seguridad, la salud mental, el cambio climático o la cohesión social.
“Es así como los ajustes fiscales no pueden terminar postergando la recuperación de espacios públicos, frenando la regeneración urbana o profundizando brechas territoriales”.
Las concesiones son una herramienta para movilizar inversión privada y acelerar infraestructura pública de grandes obras. Pero ¿qué ocurre con aquellos proyectos urbanos que habitualmente quedan fuera de los modelos tradicionales de financiamiento, como parques, recuperación de terrenos degradados, equipamientos comunitarios, cultura urbana o proyectos de regeneración territorial? Son precisamente estas iniciativas las que suelen enfrentar mayores dificultades para asegurar recursos, pese a su enorme impacto en la calidad de vida de las ciudades.
Innovar se vuelve prioritario entonces para que el ahorro fiscal no lo paguen las ciudades, promoviendo mecanismos que no se centren solo en gastar menos, sino en cómo construir nuevas formas para sostener aquello que también genera valor.
Chile cuenta con experiencias valiosas de colaboración entre el sector público, organizaciones de la sociedad civil, empresas, comunidades y filantropía. Un ejemplo emblemático es el Teatro del Lago en Frutillar, impulsado originalmente por el aporte privado que logró transformar un proyecto cultural en un motor de desarrollo territorial. A la acción de la Fundación Teatro el Lago, también hay esfuerzos que están haciendo entidades filantrópicas como la Fundación Mustakis, Fibra, Olivo, Ibañez Atkinson, Olivo, Luksic y tantas otras que impactan en materias como emprendimiento, educación y cuidado del entorno.
¿Podría la suspendida remodelación del GAM beneficiarse de algo así? Claro que sí. Chile está lleno de buenos ejemplos en el campo de la recuperación o renovación urbana. El desafío entonces es pasar de experiencias más bien aisladas a modelos institucionales más robustos, capaces de dar continuidad y sostenibilidad a proyectos estratégicos para las ciudades y que impulsen con fuerza la incorporación de privados en las estrategias de planificación.
Es así como los ajustes fiscales no pueden terminar postergando la recuperación de espacios públicos, frenando la regeneración urbana o profundizando brechas territoriales, sino que deben animarnos a ver en esto una oportunidad de potenciar alianzas entre el estado con instituciones privadas de beneficio público y el mundo privado, ya que de lo contrario el ahorro lo pagarán nuestras ciudades.
