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Alto contrasteReforma al sistema de capacitación
MANUEL URETA VIVIANI DIRECTOR EJECUTIVO DE FUNDACIÓN INFOCAP Y JORGE GAJU MOLINA DIRECTOR EJECUTIVO DE FUNDACIÓN EMPLEA
El Senado aprobó hace unos días una serie de indicaciones sobre la reforma a la franquicia tributaria de capacitación Sence. Las fundaciones Infocap y Emplea no tenemos un interés especial en defenderla, sino que queremos advertir que reformarla mal, o dejar caer lo que funciona, afectaría primero a quienes más dependen del sistema para acceder a un empleo formal.
La franquicia tiene problemas estructurales serios y documentados: el 88% de sus recursos se concentra en grandes empresas y, en 2024, el 85% del gasto público financió modalidades no presenciales de bajo impacto. Por eso, el ahorro no está en bajar el tope, del 1% al 0,7%, sino en dejar de financiar lo que no genera aprendizaje. La Mesa de Reactivación Laboral, convocada por el Gobierno y presidida por David Bravo, llegó a la misma conclusión y no recomendó eliminar la franquicia, sino reformarla en profundidad, incorporando opciones para las PYME, que el crédito sea sobre lo realmente gastado, y exigiendo estándares de calidad a los proveedores.
Incorporar un copago para los grupos de menores ingresos (aunque técnicamente parezca razonable) tampoco promoverá la intermediación y capacitación de quienes más lo necesitan.
“Una política de formación para el trabajo debe orientarse, ante todo, a quienes enfrentan más barreras para acceder a un empleo”.
Entre 2018 y 2024, casi 3 mil organismos recibieron recursos por esta vía y más de la mitad capacitó a menos de 500 personas en siete años: el problema no es el instrumento, sino la ausencia de estándares mínimos sobre quién puede recibir fondos públicos.
Pero mientras ese debate avanza, otro canal se apaga en silencio. El Fondo Nacional de Capacitación (Foncap), único instrumento con foco 100% en población vulnerable, opera en su mínimo histórico: de los cerca de $ 26 mil millones aprobados este año, solo unos $ 6 mil millones se adjudicaron, y nueve de cada 10 postulantes quedó sin cupo. El Estado invierte hasta 34 veces más por el canal regresivo que por el de foco social. Esa asimetría es el problema real, y no se está discutiendo.
Llevamos décadas formando en oficios a personas vulnerables, el 95% en el segmento más vulnerable del país. La evidencia independiente muestra que la formación de calidad aumenta en 25 puntos la probabilidad de cotización formal a 36 meses y en 93% los ingresos de las mujeres capacitadas, con cursos de más de 200 horas frente a las 16 horas promedio del sistema general. Eso es lo que una reforma apurada puede terminar dejando caer, justo cuando el desempleo lleva años sobre el 8% y el país perdió cerca de 70 mil empleos formales desde 2022.
Pedimos a los parlamentarios que se reconozca en esta misma ley que el país requiere con urgencia una reforma profunda al sistema de capacitación e intermediación laboral, que potencie el desarrollo de los trabajadores, de las empresas y del país. Una política de formación para el trabajo debe orientarse, ante todo, a quienes enfrentan más barreras para acceder a un empleo.
