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Alto contrasteSalario mínimo: buenas intenciones que pueden costar empleos formales
CARMEN CIFUENTES Investigadora CLAPES UC
Dado el escenario actual –una economía que ha crecido menos de un 2% promedio en los últimos tres años y que enfrenta un menor impulso externo, una productividad estancada y un mercado laboral sin señales claras de recuperación– el reajuste del salario mínimo debe buscar un equilibrio: proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin provocar efectos adversos sobre el empleo formal.
El alza del salario mínimo se suma a otras medidas que han encarecido la contratación formal, como el aumento gradual de las cotizaciones previsionales a cargo de los empleadores. En este contexto, un incremento significativo podría terminar perjudicando a quienes se pretende beneficiar, al desincentivar la formalidad e incentivar la informalidad laboral, con sus conocidas consecuencias en precariedad, menor cobertura social y pérdida de derechos laborales. Esto es especialmente relevante para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), que generan más de la mitad del empleo formal en el país y enfrentan mayores restricciones para absorber aumentos de costos.
“Desde marzo de 2022 a marzo de este año, el salario mínimo ha aumentado un 21% en términos reales, un incremento histórico considerando el débil desempeño económico”.
Ya existe evidencia concreta de estos impactos. Un estudio reciente del Banco Central de Chile estimó que el alza del salario mínimo de 2023 provocó una reducción promedio de 4,8% en el empleo de las empresas que pagan esa remuneración. A esto se suma lo señalado por el último Informe de Percepciones de Negocios, donde el aumento de los costos laborales aparece como una preocupación transversal entre las empresas, muchas de las cuales no han podido traspasar estos mayores costos a los precios finales, afectando sus márgenes de ganancia.
Cuando el salario mínimo se sitúa por sobre el salario de equilibrio –es decir, no se alinea con los niveles de productividad– se genera una segmentación en el mercado laboral. Algunos trabajadores se benefician, al mantener sus empleos con un salario más alto. Sin embargo, la menor demanda por parte de las empresas implica que otros pierden sus puestos de trabajo o ven restringidas sus posibilidades de contratación. Esto afecta especialmente a los trabajadores menos calificados que encuentran mayores barreras para incorporarse al empleo formal.
El deterioro del empleo formal refuerza esta preocupación. El número de cotizantes del Seguro de Cesantía –uno de los indicadores más representativos del empleo formal en el sector privado– acumula 21 meses de caídas interanuales desde enero de 2023. En ese período, solo en dos meses se han registrado aumentos. A enero de este año, había cerca de 180 mil cotizantes menos que en diciembre de 2022, y casi 68 mil menos que en marzo de 2022, cuando comenzó la actual administración. En otras palabras, el empleo formal en el sector privado no solo no crece: los registros administrativos muestran una destrucción de puestos de trabajo formales. Cualquier medida que eleve sus costos debe ser evaluada con especial prudencia.
Desde marzo de 2022 a marzo de este año, el salario mínimo ha aumentado un 21% en términos reales, un incremento histórico considerando el débil desempeño económico. Actualmente, el Gobierno y la CUT han acordado elevar el salario mínimo a $ 539.000 en enero de 2026. Si bien el proyecto contempla una cláusula de activación de ayudas a las MiPymes, esta está condicionada a que la inflación efectiva de 2025 supere el 5,7%, lo que no constituye un mecanismo automático ni proporcional al incremento. Para muchas empresas de menor tamaño, esto significa enfrentar mayores costos sin certezas sobre instrumentos de mitigación, lo que podría afectar desde ya sus decisiones de contratación e incluso acelerar procesos de desvinculación.
En paralelo, la CUT ha propuesto avanzar hacia un “salario digno” de $ 725.000. Si bien esta cifra no equivale directamente al ingreso mínimo legal, puede generar presiones por nuevas alzas significativas que, en un entorno de baja productividad y escaso dinamismo, podrían ser difíciles de absorber.
No se trata de negar la importancia del salario mínimo como herramienta para mejorar los ingresos de los trabajadores de menores recursos. Se trata de aplicar esta política con responsabilidad. Un enfoque gradual, acompañado de medidas que impulsen la productividad y el crecimiento económico, puede mitigar los efectos negativos sobre el empleo formal y permitir que las alzas sean sostenibles en el tiempo.
Crecer más no es solo deseable: es imprescindible.
