El 4 de julio, en el 10°Juzgado Civil de Santiago, se aprobó el acuerdo entre el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y Banco Ripley, en el marco de un procedimiento voluntario colectivo (PVC). Esto, debido a que la filial que opera las tarjetas del banco, CAR, incluyó indebidamente a 2.244 consumidores en el Boletín Comercial (BIC) durante 2022 y 2023, sin corregir su información tras el pago o regularización de sus deudas.
El documento publicado este miércoles en el Diario Oficial establece que se beneficiará a todos aquellos consumidores que habrían sido informados y/o mantenidos incorrectamente en el Boletín Comercial, por un monto total de $ 296.360.097.
Del total, $ 265.149.772 corresponden a 1.983 consumidores que no tenían deuda morosa al momento de ser incluidos en el BIC.
De igual manera, a 261 clientes que poseían deuda morosa sobre 180 días, se repartirá el monto de $ 30.270.228. Y finalmente, el total de $ 940.097 será dividido entre los 358 clientes que emitieron reclamos en el Sernac.
El pago de la compensación se realizará en dinero o a través de una condonación de la deuda morosa, según corresponda. Los afectados serán avisados por el banco mediante correo electrónico o por una carta al domicilio, donde se incluyen las medidas adoptadas, los montos a compensar y los mecanismos de pago.
El dinero puede ser entregado por transferencia bancaria a la cuenta vigente en el Banco Ripley, a la cuenta RUT del BancoEstado o al banco que prefiera el consumidor o por vale vista.
Compromisos del banco
Como parte del acuerdo, Banco Ripley se compromete a implementar, con la finalidad de evitar los hechos que dieron origen previamente al PVC, una serie de capacitaciones a todos los equipos involucrados sobre la política de cumplimiento de protección al consumidor.
De igual manera, deberá implementar una serie de medidas para mejorar el sistema de seguimiento de reclamos, como es la respuesta a través de mensaje de texto o mail y reducir en un 50% los plazos de respuesta. Acciones que serán supervisadas por una auditoría externa registrada ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
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