Este jueves comenzó el turno de las defensas para presentar sus descargos ante las imputaciones realizadas por el Ministerio Público y querellantes en la masiva y extensa formalización del caso Sartor.
En su sexta jornada de audiencia, la defensa de Pedro Pablo Larraín, liderada por el penalista Jaime Winter, fue la primera en tomar la palabra en el marco de la discusión de prisiones preventivas para este y otros cuatro imputados: Michael Clark, Carlos Larraín, Sergio Yáñez y Rodrigo Bustamante.
“Lamentamos profundamente la situación en la que hoy se encuentran los fondos que eran administrados por Sartor, evidentemente esto es algo que afecta a los aportantes y es algo que en ningún caso hubiéramos querido que hubiera sucedido”, señaló Winter.
El perjuicio
También apuntó contra el cálculo de los perjuicios a los aportantes cifrado por la Fiscalía, el que alcanzaría los US$ 190 millones. “No se expresa cómo se constituyen estas cifras, no hay una metodología, no hay un desglose”, sostuvo el abogado.
“La Fiscalía equiparó exposición (inversión en emisor determinado) con perjuicio”, afirmó, mientras que “pasa a perjuicio cuando la exposición no puede ser cumplida”.
“Varias de las operaciones son una exposición, esto hace que el número presentado por la Fiscalía sea abultado”, añadió.
Como ejemplo, indicó que el proyecto inmobiliario en Estados Unidos, Faena Residences Miami, “en el que los fondos mantienen una participación en la sociedad Downtown Investment (matriz del proyecto) por el 17%, y que el retorno proyectado va a ser de alrededor de US$ 200 millones, una cifra suficiente para cubrir al fondo”.
Operaciones
Winter también sostuvo que en las imputaciones en contra de Larraín “tenemos operaciones realizadas con una clara finalidad de lograr los objetivos propuestos a los fondos, con retornos y por lo tanto, ausencia de perjuicios en la mayoría de los casos”.
Ejemplificó su argumento con Autofidem, sociedad de préstamos automotrices cuyo objetivo era “tener una compañía en que los fondos pudieran financiar y, al mismo tiempo, tener algún grado de control sobre la compañía para supervisar los riesgos de la misma”.
El penalista señaló que un informe detectó “773 comprobantes de abonos por concepto de pago de intereses por parte de Autofidem por un total de $ 3.063 millones” a los fondos.
Winter también sostuvo que varias de las sociedades cuestionadas por la Fiscalía pertenecían íntegramente a los fondos de inversión.
El factoring
Otra de las aristas de su alegato estuvo dedicada a ECapital. Winter afirmó que en “2018 era un agente relevante de factoring en el país y tenía volúmenes de operaciones por sobre los US$ 200 millones”.
Sobre el fraude detectado ese año en la firma, el defensor afirmó que solo fue“respecto a un grupo específico de facturas”.
Por ello, indicó, que “la mejor forma de recuperar lo más posible esa inversión era tratar de que la empresa siguiera funcionando y, por lo tanto, tenía sentido reorganizar la deuda”, añadió, mientras que “el negocio de ECapital en ese entonces podía ser incluso más importante o más relevante que el negocio de Sartor”, por lo que sería una oportunidad.
En esta línea, sostuvo que el nombramiento de Pedro Pablo Larraín como director y luego como representante de la inversión “busca beneficiar a los aportantes”, afirmó.
El rol de Jorquera
Por su parte, el abogado Rodrigo Piergentili, defensor del exgerente general de Sartor, Juan Carlos Jorquera, argumentó que su cliente no tuvo injerencia en los financiamientos. “Tiene un rol más que secundario” en comparación con el resto de los imputados, sostuvo Piergentili.
En esta línea, apuntó que, en su rol de gerente general de la AGF, no participó de los comités de crédito ni en la gestión de los fondos y sus inversiones, que ingresó al cargo recién en diciembre de 2023 y que no tiene participación societaria.