La audiencia de formalización por el caso Sartor cumplió su séptima jornada este viernes, la que es protagonizada por los alegatos de la defensa del imputado Carlos Larraín, comandada por la penalista Catherine Lathrop.
La abogada del investigado en la causa argumenta en contra de la medida de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía en contra de su representado. La cautelar también fue pedida para Michael Clark, Pedro Pablo Larraín, Sergio Yáñez y Rodrigo Bustamante.
En su intervención, Lathrop buscó tomar distancia del hermano de su defendido, el socio fundador de Sartor, Pedro Pablo Larraín, y de las operaciones que sigue el Ministerio Público.
“No vamos a pedirle que se ignore que Carlos Larraín fue director de Asesorías e Inversiones Sartor S.A., tampoco vamos a sostener que es 100% completamente extraño a Sartor y ese mundo, lo que sí vamos a pedir es que primero se le diferencia de don Pedro Pablo Larraín, por algo fundamental: el trabajo de don Pedro Pablo Larraín es el mundo Sartor, (mientras que) el trabajo de don Carlos Larraín y su historia profesional no lo es”, sostuvo Lathrop.
En esta línea, detalló que el imputado “no tenía correo Sartor, no tenía firma Sartor, no tenía acceso al servidor de Sartor, no tenía claves de Sartor”.
Tal como relató Larraín en su declaración, Lathrop enfatizó que "en realidad, llega (a Sartor) como inversionista, llega con su dinero, el dinero de ese trabajo que viene haciendo desde mucho tiempo fuera de Sartor en el mundo privado, donde es una persona que tiene una alta carga profesional porque sí es una persona exitosa".
La abogada agregó que el imputado invirtió en la compañía unos $ 2.000 millones.
Comités y directorio
Tras ingresar al directorio de la empresa a solicitud de su padre, “nuestro representado fue director, pero les pidió sesiones, recibió presentaciones, en algunos casos formuló opiniones, y participó de decisiones de órganos colegiados”, sostuvo la abogada.
Mientras que “no recibió de Sartor utilidades, remuneración, bonos ni porcentajes por captadores o por llevar clientes”, precisó.
Son estos últimos los que, a juicio de Lathrop, “son el centro de lo que se debería discutir aquí”.
“Mi representado nunca ha negado que efectivamente participó hasta el año 2021 en el Comité de riesgo de esta Sartor AGF”, añadió. Cualquier opinión o consejo posterior debía ser analizado “en qué calidad lo hizo y si fue o no fue vinculante para la AGF”, sostuvo.
Sin embargo, la penalista aclaró que “reconocer un cargo no autoriza convertirlo en gestor universal, como se le ha planteado, de todo lo ocurrido en el grupo”.
“Más allá de que todos conocemos la Ley de Sociedades Anónimas, hay directores y directores ejecutivos y hay gerencias, y ese distingo hay que hacerlo, no porque lo diga yo, sino que porque los antecedentes que puso el Ministerio Público y los antecedentes que pusieron los querellantes hicieron ese distingo”, argumentó.
Y añadió: “la supervisión no es ejecución de operaciones, y ser deudor y reconocerse como deudor, no significa que se conozca clara y precisamente el destino final de esos fondos”.
Para apoyar su exposición, citó una declaración del imputado y socio de Sartor, Óscar Ebel, quien aseguró que al interior del grupo existía una diferencia entre socios gestores y no gestores.
“Los gestores, como quienes intervenían en las decisiones y en la ejecución de la operación, operaban cuentas corrientes, realizaban transferencias y dirigían la administración”, relató. En esa categoría, según el testimonio, estaban Pedro Pablo Larraín, Alfredo Harz y Rodrigo Bustamante.
Comités y créditos
La defensa también recurrió a las actas de comités de crédito para demostrar, según su tesis, que presencia y decisión no eran equivalentes. Lathrop destacó particularmente una operación de Emprender Capital Perú por US$ 10 millones, presentada en marzo de 2021, respecto de la cual Carlos Larraín se abstuvo de votar.
“La sola abstención no resuelve la imputación, no borra su vinculación, pero sí demuestra que los documentos distinguían entre estar presente, conocer una presentación (...) y aprobar una operación”, señaló.
En la misma línea, mencionó otras abstenciones en operaciones de créditos. También destacó que Carlos Larraín se opuso a la capitalización de ECapital, aunque posteriormente colaboró con su ejecución una vez que la decisión había sido adoptada.
“El precio fue negociado directamente por Sergio Yáñez y Pedro Pablo Larraín. De eso no hay discusión”, detalló.
El regulador
En esta línea, para argumentar su desconexión a la firma, Lathrop señaló a la revocación y sanciones por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Destacó que el regulador realizó un análisis de la estructura societaria, créditos, operaciones relacionadas, estados financieros, correos, poderes y responsabilidades, pero que Carlos Larraín no fue sancionado.
Según Lathrop, tampoco fue objeto de inhabilidad. “No se explica que hoy Carlos Larraín se haya incorporado retrospectivamente (por la Fiscalía) a esta situación, porque el regulador no lo hizo”, enfatizó.
Finalmente, Lathrop cuestionó la posibilidad de una coautoría a partir de vínculos familiares o de la participación societaria. “La formalización debe pasar del mapa societario general a una operación individual”, planteó.
En esta línea, señaló que “si suprimimos a don Carlos Larraín nos quedamos con el mismo resultado, porque don Pedro Pablo tenía los poderes”, señaló.