Violencia en La Araucanía

Jorge Ortúzar

Recientemente hemos sido testigos de un incremento de la violencia en la zona sur del país, particularmente en la región de La Araucanía. Sin la cobertura mediática de casos de mayor crudeza humana, hoy los emprendedores regionales deben enfrentar la destrucción de equipos, la toma de terrenos y la agresión a sus colaboradores por parte de violentistas que actúan bajo total impunidad.

Es lamentable ver cómo un grupo de chilenos, amparados bajo la denominada "causa mapuche" y alentados por asesores externos con dudosos objetivos personales, son capaces de atentar contra sus pares y poner en vilo toda la institucionalidad ambiental, política y jurídica de nuestro país.

La violencia en La Araucanía es un tema de larga data en el debate público, pero de pobres resultados en su gestión. La ambigüedad de las autoridades al enfrentar estos casos no ha ayudado a marcar los precedentes necesarios para persuadir a nuevos grupos de adoptar la violencia como vía para lograr réditos personales.

Seamos claros: no todos los atentados en el sur responden al conflicto mapuche, mas se amparan bajo él para apelar a la falta de acción jurídica y política que lo caracteriza. Este aprovechamiento ha sido sumamente negativo, tanto para los inversionistas -quienes han debido enfrentar un creciente vacío normativo y una incertidumbre inaceptable para la ejecución de proyectos- como para el pueblo Mapuche, que no valida la violencia como mecanismo de presión.

Según cifras del Servicio de Evaluación Ambiental, actualmente se están evaluando dieciséis proyectos de inversión en la región de La Araucanía, por un monto superior a los US$ 1.400 millones. Todos estos emprendedores, grandes y pequeños, del sector público y privado, requieren de las garantías necesarias para desarrollar sus proyectos bajo el cumplimiento de las exigencias sociales, ambientales y económicas. Es inaceptable que proyectos que cuentan con todas las autorizaciones necesarias para desarrollarse, sean víctimas de actos de violencia por parte de grupos extremistas.

Requerimos de mayor compromiso de las autoridades para garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. La ambigüedad y discrecionalidad en la aplicación de la ley da espacio para el aprovechamiento de ciertos actores, lo que es sumamente perjudicial para todo el país.