¿Y luego qué?

Nicolás León

Luego de casi 17 meses de larga espera, el lunes se dio a conocer el informe final con las propuestas que ha venido trabajando la comisión de expertos que la misma Presidenta Bachelet delegó para dar soluciones a las problemáticas que enfrenta actualmente el sistema de pensiones.

Estas recomendaciones llegan en un período crítico para el sistema previsional. La ciudadanía no confía en él, el mundo del trabajo presenta problemas que hacen que la posibilidad de ahorrar montos suficientes para vivir esté disponible sólo para una pequeña porción de la población y los desafíos demográficos actuales, provocan que el esquema actual no dé para generar pensiones dignas. Todos estos factores llevan a la necesidad de avanzar hacia un sistema de pensiones más digno, inclusivo y solidario.

Y lo cierto es que la Comisión Bravo se tomó el trabajo seriamente. Con más de 78 audiencias, sesiones periódicas, una encuesta de satisfacción y hasta un seminario con la presencia de premios nobeles, son el contexto de la reflexión que produjeron los 24 expertos que la componían. El trabajo presentado ayer, que incluye más de 240 páginas de deliberación, conclusiones y propuestas, presenta una batería de soluciones que a juicio de la Comisión deberían seguirse para mejorar el sistema.

Con un gasto de US$ 1.000 millones de pesos, las propuestas tocan temas tan diversos como la postergación de edad de jubilación en las mujeres, la ampliación de la cobertura y montos del fondo solidario, hasta una propuesta que permite compartir las cotizaciones entre los cónyuges o convivientes.
Una de las propuestas que ha pasado "colada" es la de la AFP estatal. Una idea que ya fue presentada por el gobierno el año pasado y que actualmente está en discusión. Frente a esto hay que tener claro que existen ciertas amenazas, como los posibles conflictos de interés que se generarían, y que el Estado participe de la administración no cambia nada en los hechos. En cambio, parece más sensato avanzar en una propuesta que cree una AFP sin fines de lucro, permitiendo así, los mismos resultados de legitimidad, sin impactar con ello al erario nacional.

Pese a que las propuestas de esta comisión cuentan con el consenso experto, ya se están oyendo voces desde el oficialismo que señalan que no existiría espacio para concretarlas entre la apretada agenda legislativa, la estrechez presupuestaria producto de la situación económica, y las exigencias que antepone las promesas presidenciales que están plasmadas en el programa de gobierno. Frente a esto no queda más que esperar que el gobierno se la juegue por darle una respuesta a las miles de personas que, por diversas razones propias de su historial laboral, se están pensionando con montos ínfimos en una etapa de altísima vulnerabilidad. En esta encrucijada, el gobierno tendrá que elegir entre si seguir con sus propuestas caras y mal pensadas, o darle conducción y liderazgo político a un conjunto de propuestas que cuenta con la reflexión transversal de los más eminentes expertos del país. Esperamos por la dignidad de la vejez, que el gobierno opte por la segunda opción.