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Alto contrasteAC contra Grau y el uso de una herramienta excepcional
Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, el debate se trasladará al Senado, donde -al parecer- el recurso tendrá la pista más difícil. Pero más allá del resultado final, el caso vuelve a poner sobre la mesa el uso de una herramienta extrema de control político para sancionar materias que, aun siendo relevantes, requieren un estándar jurídico particularmente alto.
El libelo, impulsado por el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, se estructuró en cuatro capítulos: subestimación del déficit para 2026, incumplimiento de la meta de balance estructural, omisión de presiones de gasto e inconsistencias en la proyección de la deuda pública. Todos temas sensibles para un país que debe cuidar su credibilidad fiscal, especialmente ante inversionistas, clasificadoras de riesgo y mercados.
Justamente por eso, el escrutinio sobre las cifras públicas debe ser riguroso y con un sólido sustento jurídico. Y ese mismo estándar también obliga a distinguir entre eventuales errores de gestión, diferencias metodológicas o ajustes de proyección, y una infracción constitucional que justifique una sanción de esta magnitud.
Lo que está en juego es el estándar con que Chile resuelve sus controversias fiscales y políticas.
Constitucionalistas, economistas y exministros de Hacienda de distintos sectores han advertido estos días que las proyecciones fiscales son estimaciones sujetas a revisión y que convertir sus ajustes en causal de acusación puede terminar debilitando la institucionalidad que se busca proteger. A ello se suma el informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que no identificó una inconsistencia aritmética en las proyecciones publicadas en el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025, pero sí mencionó que lo observado en el IFP de ese período corresponde a una proyección que habría incorporado supuestos de ajuste o gestión financiera no explicitados.
Lo anterior, no significa relativizar la importancia de la disciplina fiscal ni menos eximir a las autoridades de responsabilidad política por la calidad de sus estimaciones. Tampoco se trata de evaluar la gestión económica del gobierno anterior, que tuvo más aspectos negativos que positivos en esta materia. La pregunta, entonces, es si la acusación constitucional es la instancia adecuada para canalizar esa responsabilidad o si Chile necesita discutir un instrumento más preciso, proporcional y permanente, que releve la importancia de la responsabilidad fiscal y obligue a las autoridades a asumir las consecuencias de sus errores sin transformar cada controversia técnica en una disputa constitucional.
En este debate no puede quedar de lado la arquitectura de esta figura, donde solo bastan 10 firmas para presentar una acusación constitucional, un umbral relativamente bajo para una herramienta que puede destituir autoridades e inhabilitarlas por años. En ese sentido, es una señal positiva que parlamentarios de distintos sectores, incluidos senadores de partidos oficialistas, estén a favor de elevar esos requisitos y reforzar el carácter excepcional de este mecanismo, y de esta forma se puedan evitar presentaciones con escaso sustento jurídico, usadas más como señal política que como recurso institucional de última instancia.
Por eso, el debate que viene en el Senado debe hacerse con altura de miras y no reducirse a una defensa o condena de la gestión de Grau. Lo que está en juego es el estándar con que Chile resuelve sus controversias fiscales y políticas. La rendición de cuentas es indispensable, especialmente en carteras como Hacienda, donde están en juego los recursos fiscales, pero debe ejercerse con un alto estándar técnico y jurídico, no como una disputa entre administraciones.
