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Alto contrasteChile también debe competir por el capital de sus empresas
Las reflexiones de Roberto Angelini y Bernardo Larraín Matte, presidentes de Empresas Copec y CMPC, respectivamente, en la edición aniversario de Diario Financiero, merecen especial atención. Se trata de los máximos ejecutivos de dos empresas protagonistas de la historia económica de Chile y de la internacionalización de sus negocios. Que ambos hayan aprovechado esta ocasión para repasar los obstáculos al crecimiento y la inversión constituye una oportunidad para examinar un desafío fundamental: Chile también debe competir por el capital de sus propias compañías y ofrecer condiciones para que los negocios que nacieron aquí puedan seguir creciendo desde el país.
La expansión internacional de estos conglomerados demuestra que Chile ha sido capaz de formar empresas competitivas a escala global. Sin embargo, también plantea interrogantes respecto de la capacidad del país para atraer sus nuevos proyectos. En una economía que acumula años de bajo dinamismo, resulta particularmente relevante comprender por qué inversiones de gran envergadura encuentran condiciones más favorables en otros mercados.
Angelini sintetiza la lógica que orienta estas decisiones: “No invertimos para dar señales, sino porque vemos oportunidades”. Copec desarrolla actualmente en Brasil el proyecto Sucuriú, que contempla una inversión industrial de aproximadamente US$ 4.600 millones. El empresario también recordó que MAPA, en Chile, tardó 11 años en comenzar a operar desde su aprobación por el directorio, mientras que en Brasil la obtención de permisos para otro proyecto tomó solo 18 meses. La internacionalización corporativa diversifica riesgos, fortalece las posiciones competitivas de las empresas y genera valor. El riesgo es que Chile pierda atractivo relativo para iniciativas que podrían desarrollarse en su territorio, con los consiguientes efectos sobre el empleo, la productividad y las economías regionales.
La competitividad no puede depender de gestiones excepcionales ni de la voluntad de una determinada administración.
El diagnóstico de Larraín apunta precisamente a las barreras internas. A su juicio, la acumulación de regulaciones le ha puesto un “palo a la rueda” al crecimiento. La incertidumbre de los permisos, la rigidez laboral y los costos regulatorios dificultan materializar proyectos. De ahí la importancia de avanzar en una reforma sustantiva del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y modernizar la legislación laboral, sin sacrificar la protección del medio ambiente ni los derechos de los trabajadores.
La reciente rebaja del impuesto corporativo constituye un avance, pero será insuficiente si no se acompaña de certezas institucionales que trasciendan los ciclos políticos. La competitividad no puede depender de gestiones excepcionales ni de la voluntad de una determinada administración. Requiere reglas estables, procedimientos eficientes y una política pública que reconozca el papel de la inversión privada en el desarrollo.
La responsabilidad, sin embargo, no corresponde exclusivamente al Estado. También exige un empresariado dispuesto a asumir riesgos, innovar, elevar la productividad y participar activamente en el debate público. Larraín lo planteó con claridad: “no se inmovilice, échele para adelante”. Ese llamado resulta especialmente pertinente para quienes han construido grandes compañías y disponen de capacidades para impulsar nuevas actividades.
