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Alto contrasteEstrechez y seguridad eléctrica
La ministra de Energía, Ximena Rincón, confirmó que el decreto preventivo de racionamiento está en revisión para la firma del Presidente de la República. Se trata de una medida esperada por la industria, cuyos principales actores se reunieron la semana pasada para advertir sobre la estrechez del sistema y solicitar que la autoridad activara las herramientas disponibles.
La decisión parece prudente. Según el Coordinador Eléctrico Nacional, existen riesgos de déficit de abastecimiento durante julio y, dependiendo de la evolución de las condiciones, también en agosto. La baja disponibilidad hídrica -que no necesariamente terminará con las lluvias que se esperan para este fin de semana-, la menor generación eólica, la reducción estacional de la radiación solar, la indisponibilidad de centrales relevantes y las restricciones para reponer combustibles han reducido las holguras operativas. En estas circunstancias, una nueva falla en una línea o unidad importante podría agravar el escenario. El objetivo del decreto no es anunciar cortes, sino ampliar las herramientas para evitarlos. El instrumento permite coordinar medidas como asegurar combustibles, administrar con mayor cautela el agua embalsada, postergar mantenimientos que no sean urgentes y maximizar la capacidad disponible de generación y transmisión. Esperar a que la emergencia se materialice reduciría las alternativas de respuesta y elevaría sus costos económicos y sociales.
La experiencia reciente demuestra que un decreto preventivo no constituye necesariamente la antesala de un racionamiento. El último fue dictado en 2021 y se mantuvo vigente durante tres años sin alterar la vida cotidiana de los usuarios. Su valor estuvo precisamente en anticiparse, ordenar la operación y entregar facultades adicionales para impedir que una situación de estrechez se convirtiera en una crisis de suministro.Prevenir no implica sobrerreaccionar. Supone utilizar un mecanismo conocido y gestionable cuando todavía existe margen para adoptar decisiones. La autoridad debe actuar antes de que una contingencia obligue a aplicar medidas más costosas o afecte directamente a hogares y empresas.
La autoridad debe actuar antes de que una contingencia obligue a aplicar medidas más costosas.
Pero la falta de lluvias no explica por sí sola la vulnerabilidad actual. El episodio vuelve a mostrar que la transformación de la matriz avanzó más rápido que algunas capacidades necesarias para operarla con seguridad. El país ha incorporado con rapidez generación solar y eólica, pero aún mantiene brechas en transmisión, almacenamiento, flexibilidad y respaldo. El avance de las energías renovables es positivo y necesario, pero una matriz con alta participación de fuentes variables debe responder también cuando escasean el agua, el viento o el sol. La transición energética no puede medirse únicamente por la capacidad limpia instalada, también debe evaluarse por la posibilidad de transportar, almacenar y sustituir esa energía cuando las condiciones naturales son desfavorables.
La discusión sobre las fuentes de respaldo debe abordarse con criterios técnicos, considerando la seguridad del suministro, el costo para los usuarios y la compatibilidad con los objetivos de descarbonización. Ninguna posición particular de la industria debe asumirse sin análisis, pero tampoco puede ignorarse que un sistema confiable requiere alternativas disponibles para enfrentar contingencias.
La prioridad inmediata es prevenir cortes, pero a más largo plazo, el desafío será fortalecer la seguridad eléctrica para que el suministro no dependa de que las lluvias lleguen a tiempo o de que ninguna central relevante falle. El decreto puede ayudar a superar la coyuntura; las inversiones, la planificación y una regulación adecuada deberán evitar que esta situación vuelva a repetirse.
