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Alto contrasteInvestigación previsional
El procedimiento sancionatorio iniciado por la Superintendencia de Pensiones contra las siete AFP, por sus eventuales responsabilidades en las pérdidas de los fondos D y E, que acumularon caídas reales de 6,38% y 10,39%, respectivamente, entre enero y septiembre de 2026, tendrá como tarea central distinguir un resultado financiero adverso de una gestión negligente. Resulta indispensable resguardar la investigación técnica de las presiones políticas, evitando que la preocupación de los afiliados sea instrumentalizada para promover iniciativas populistas -como nuevos retiros- que reducirían los recursos destinados a financiar las pensiones.
Los exsuperintendentes consultados por este medio respaldaron el procedimiento, pero advirtieron que no corresponde anticipar responsabilidades. Sus planteamientos apuntan a ponderar los antecedentes y entregar resultados oportunos, considerando que las eventuales infracciones podrían involucrar a las administradoras y a quienes participaron en su gestión. La inversión previsional supone asumir riesgos para obtener retornos, por lo que un desempeño negativo no acredita por sí solo un incumplimiento ni puede exigirse un acierto permanente en la dirección de los mercados. Sin embargo, ello no exime a las AFP de evaluar sus exposiciones, pues respetar los límites legales no agota las obligaciones de una administración diligente.
La industria está emplazada a responder bajo los más altos estándares de responsabilidad y transparencia para recuperar su legitimidad en el largo plazo.
Además de revisar las estrategias de inversión, corresponderá examinar cómo respondieron las AFP a las alertas sobre sus riesgos. En su Informe de Estabilidad Financiera del segundo semestre de 2025, el Banco Central identificaba un aumento de la duración de las carteras previsionales mediante derivados de tasas de interés en dólares, lo que elevaba su sensibilidad a cambios en esas tasas. También corresponde esclarecer cómo se compartieron estos antecedentes entre las autoridades y qué medidas de supervisión se adoptaron. La investigación deberá establecer cómo las administradoras evaluaron esa información y qué decisiones tomaron sus directorios, considerando las alternativas disponibles en cada momento.
El debate se ha extendido a los tribunales y al Congreso, con recursos de protección, denuncias ante la Fiscalía y una querella por eventual administración desleal contra AFP Capital. Si bien investigar y fiscalizar constituye parte central de estos organismos, su aporte dependerá de que cada instancia actúe dentro de su esfera de competencia, sin anticipar responsabilidades ni comprometer resultados antes de contar con los antecedentes.
El objetivo de este proceso debe ser restituir la confianza en un sistema cuya capitalización constituye un soporte del mercado de capitales chileno, tensionado tras los retiros aprobados durante la pandemia. Al tratarse de un sector del cual depende la seguridad económica futura de millones de familias, la industria está emplazada a responder bajo los más altos estándares de responsabilidad y transparencia para recuperar su legitimidad en el largo plazo.
