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Alto contrasteLa advertencia de la OCDE y la urgencia de actuar
La nueva rebaja de las proyecciones de crecimiento para Chile realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) debe ser interpretada como una nueva señal de alerta. La entidad redujo desde 2,2% a 1,7% su estimación para el crecimiento de la economía en 2026, ajuste que se suma a una serie de datos preocupantes como la caída de 1,2% del Imacec en abril (la cuarta consecutiva), el deterioro del mercado laboral y una inversión que sigue sin recuperar el dinamismo necesario para impulsar el crecimiento.
Ciertamente, el escenario internacional se ha vuelto más complejo. Pero también es evidente que buena parte de las dificultades que enfrenta Chile responden a factores internos que vienen siendo diagnosticados desde hace años.
De hecho, la OCDE vuelve a insistir en los mismos elementos que han aparecido de manera recurrente en informes de organismos internacionales, centros de estudios y gremios empresariales, como fortalecer la productividad, acelerar la inversión y avanzar en una aplicación eficaz y oportuna de la reforma al sistema de permisos para el desarrollo de proyectos. No se trata de recomendaciones nuevas, al contrario, son materias sobre las que existe un amplio consenso respecto de su relevancia para recuperar el crecimiento.
Parte importante de la respuesta al menor crecimiento proyectado depende de decisiones que están bajo control de las autoridades y del sistema político.
Precisamente por ello, la discusión en torno al proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno adquiere especial importancia. La iniciativa busca abordar varios de los cuellos de botella que hoy limitan la capacidad de crecimiento del país, mediante medidas orientadas a agilizar permisos, incentivar la inversión y acelerar la ejecución de proyectos en sectores clave como minería, energía e infraestructura. Más allá de las legítimas diferencias que puedan surgir respecto de algunos de sus contenidos, su tramitación representa una oportunidad para avanzar en reformas largamente identificadas como necesarias.
La advertencia de la OCDE es clara: una tramitación más ágil de los permisos y un mayor impulso a la inversión podrían mejorar las perspectivas económicas del país. En otras palabras, parte importante de la respuesta al menor crecimiento proyectado depende de decisiones que están bajo control de las autoridades y del sistema político.
Por lo mismo, la discusión legislativa sobre el proyecto que ingresó el Ejecutivo exige una mirada que trascienda las disputas coyunturales. Las cifras conocidas durante las últimas semanas muestran una economía que pierde dinamismo y cuya capacidad para generar empleo, aumentar salarios y fortalecer las finanzas públicas se ve cada vez más tensionada. Con un crecimiento cercano al 2%, el margen para responder a las crecientes demandas sociales se vuelve inevitablemente más estrecho.
Son señales inquietantes y que merecen ser tomadas con la seriedad que corresponde. De esta forma, la tramitación del proyecto en cuestión ofrece una oportunidad concreta para ello. Ejecutivo y Congreso tienen la responsabilidad de debatirlo con altura de miras, perfeccionarlo cuando sea necesario y avanzar en acuerdos que permitan recuperar la inversión, elevar la productividad y volver a situar el crecimiento como una prioridad nacional.
