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Alto contrasteMenores, redes sociales y Clave Única
En línea con la preocupación global por proteger a los menores frente a los riesgos de las redes sociales, el gobierno evalúa transformar la Clave Única en una herramienta de verificación de edad, que impida acceder a estas plataformas a quienes no cumplen con la edad mínima requerida. La intención es atendible. El problema está en el instrumento escogido.
Varios expertos han advertido que la Clave Única no fue diseñada para cumplir esa función. No se trata solo de un debate normativo, sino también de infraestructura, ciberseguridad y privacidad. Antes de convertirla en mecanismo de entrada a plataformas privadas, resulta indispensable robustecerla, adaptarla y definir qué datos se compartirán y bajo qué resguardos.
Creada en 2010 y administrada por el Registro Civil, la Clave Única cuenta con más de 16 millones de cuentas activas y permite, a mayores de 14 años, acceder a más de 1.700 trámites del Estado. Es, por tanto, un activo crítico y un objetivo de alto valor para el cibercrimen. En mayo de este año, el sistema enfrentó una supuesta filtración de datos sensibles que, según los antecedentes conocidos, no habría requerido vulnerar su infraestructura central, sino acceder mediante credenciales comprometidas de un funcionario. La respuesta fue incorporar un código temporal de doble autenticación, aunque su uso todavía es voluntario.
No se trata solo de un debate normativo, sino también de infraestructura, ciberseguridad y privacidad.
La experiencia internacional muestra que verificar la edad en internet es más complejo que imponer una prohibición legal. Países como Australia, Reino Unido y Brasil, que han avanzado en restricciones para menores, siguen enfrentando dificultades de implementación y privacidad. Australia trasladó a las plataformas la responsabilidad de impedir cuentas de menores de 16 años, con sanciones relevantes. Aun así, persisten dudas sobre la eficacia de estos sistemas y la posibilidad de evadirlos mediante VPN o ayuda de terceros.
En junio, Reino Unido, a través de la Ley de Seguridad en Línea (Online Safety Act) exige mecanismos de verificación de edad “altamente efectivos” para impedir el acceso de menores a contenidos dañinos, como documento de identidad, confirmación de identidad con datos bancarios o biometría facial para estimar la edad con IA. El aprendizaje es el mismo: la protección de menores exige mucho más que una credencial digital.
Chile no debería intentar resolver en pocos meses, con una plataforma diseñada para trámites estatales, un problema que otras jurisdicciones han abordado con sistemas especializados y una arquitectura de identidad digital construida durante años.
Existen alternativas menos riesgosas. La Comisión Europea ha impulsado una solución anónima, de código abierto e interoperable, que permite confirmar la edad sin revelar otros datos. Brasil ha avanzado en un marco que traslada mayores responsabilidades a las plataformas e integra proveedores especializados de verificación.
Ese es el punto central. Verificar la edad no debería implicar entregar la identidad completa de una persona cada vez que accede a una plataforma digital. Lo deseable es avanzar hacia sistemas de “doble ciego”, en los que la plataforma sepa si el usuario cumple con la edad requerida, pero no conozca su identidad; y en los que el Estado no pueda rastrear qué servicios utiliza.
La Clave Única es una herramienta valiosa para la relación entre las personas y el Estado. Usarla como llave de acceso a redes sociales puede aumentar los riesgos que se busca evitar. Proteger a los menores es urgente, pero no a costa de debilitar la privacidad ni de sobrecargar una infraestructura crítica diseñada para otro propósito.
