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Alto contrastePersistencia de la emergencia laboral
Con más de un millón de personas desocupadas, Chile enfrenta una crisis laboral que exige la determinación y transversalidad política desplegadas ante otras emergencias nacionales. Los datos del INE, que sitúan la desocupación en 9,8% en el trimestre julio-septiembre y registran casi 103 mil ocupados menos en doce meses -una caída de 1,1%-, reflejan un deterioro que golpea la realidad social y debilita el consumo. Su magnitud exige al gobierno, las empresas y los distintos sectores políticos una agenda de medidas que facilite la contratación formal, acelere inversiones y eleve la productividad, sin supeditar la respuesta a una recuperación cuyos efectos pueden tardar en llegar.
La seguidilla de reformas aplicadas en los últimos años -40 horas, aumento del salario mínimo y otros costos laborales- han encarecido la contratación, lo que sumado a la falta de adaptabilidad y la implementación de la inteligencia artificial ha cambiado estructuralmente el mercado del trabajo.
Cuanto más se prolonga la desocupación, mayor es el riesgo de perder competencias y de dificultar el retorno al empleo formal.
A diferencia de la pandemia, cuando las restricciones sanitarias obligaban a suspender las actividades cotidianas e impedían trabajar, el deterioro actual ocurre sin aquellas limitaciones extraordinarias. Su persistencia obliga a examinar obstáculos que la economía no ha logrado superar y a establecer una hoja de ruta con metas y plazos explícitos, de alcance comparable a un plan de reconstrucción nacional.
Avanzar exige abordar materias entrampadas en desacuerdos políticos y sectoriales. Junto con agilizar permisos y dar certeza a la inversión pública y privada, se requiere revisar las propuestas sobre polifuncionalidad, adaptabilidad de las jornadas y contratación por horas, evaluando sus efectos sobre el empleo y la protección de los trabajadores. La indemnización por años de servicio también merece un examen de su incidencia en la contratación y la movilidad. Una agenda que impulse indemnizaciones a todo evento requiere precisar su financiamiento, la transición y su articulación con el seguro de cesantía. Se trata de medidas que necesitan tiempo y liderazgo político para ser llevadas a cabo.
Estas reformas deben complementarse con medidas que faciliten la incorporación de mujeres y jóvenes, los segmentos más afectados por el desempleo. La obligación de sala cuna asociada a empresas con veinte o más trabajadoras implica revisar un diseño que vincula ese costo a la contratación femenina. Ampliar su cobertura requiere un financiamiento sostenible que considere a las pymes, que enfrentarían dificultades para cumplir la normativa. A su vez, la formación técnica y los programas del Sence deben responder a las competencias demandadas por los empleadores y evaluarse por la calidad del aprendizaje y sus resultados de inserción, permanencia y progresión laboral.
Cuanto más se prolonga la desocupación, mayor es el riesgo de perder competencias y de dificultar el retorno al empleo formal. Para los jóvenes, también supone postergar la experiencia necesaria para desarrollar su carrera. Una debilidad asociada al ciclo económico puede así reducir la capacidad productiva del país. Al evaluar las reformas, corresponde ponderar sus costos y resguardos, pero también las consecuencias de mantener reglas que no responden a las condiciones actuales.
