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Alto contrasteTerrorismo, inversión y credibilidad institucional
El reciente atentado incendiario en la comuna de Santa Bárbara, en la Región del Biobío, ha vuelto a poner en el centro del debate la seguridad en la Macrozona Sur, la estabilidad institucional y la capacidad del Estado para resguardar la convivencia democrática y la inversión extranjera. Durante la madrugada del 20 de abril, un grupo de encapuchados armados irrumpió en las instalaciones del proyecto hidroeléctrico Rucalhue, operado por una filial de la empresa estatal China International Water & Electric Corporation (CWE). El ataque destruyó 47 camiones y maquinaria pesada, con pérdidas estimadas en $ 4.000 millones.
La reacción de la embajada de China fue inmediata y categórica: calificó el hecho como un “acto violento” que “socava gravemente la confianza” de las empresas chinas en nuestro país. Exigió, además, medidas eficaces por parte del Gobierno chileno para proteger sus inversiones. No es una advertencia cualquiera. En un contexto de alta competencia regional por atraer capital extranjero, Chile no puede permitirse episodios que deterioren su reputación como país estable, predecible y seguro para invertir.
En ese marco, causaron especial inquietud las declaraciones del seremi de Energía del Biobío, Jorge Cáceres, quien afirmó que “el país es una taza de leche”, minimizando lo ocurrido. Más allá de su renuncia posterior, sus palabras reflejan una actitud que ha prevalecido por años: la negación o relativización de hechos que, por su escala, organización y motivación, deben ser enfrentados con toda la fuerza del Estado.
Por eso, es relevante que esta vez el Gobierno haya optado por presentar una querella invocando la nueva Ley Antiterrorista. No solo marca un quiebre respecto del enfoque predominante en la coalición de Gobierno en años anteriores, sino que restituye una lógica de coherencia institucional: cuando se ataca sistemáticamente a personas, bienes e infraestructura con fines políticos o ideológicos, corresponde actuar conforme a la gravedad de esos actos.
Lo ocurrido en Rucalhue no es un hecho aislado. Es una expresión más de una violencia persistente que ha erosionado la seguridad en una zona del país que necesita desarrollo, inversión y empleo. Enfrentarla con decisión no solo es un deber jurídico y político, sino una condición para sostener el modelo de convivencia democrática y progreso económico que Chile ha construido con esfuerzo durante décadas.
