Opinión
Tribuna libre
Nassir Sapag
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Muchas decisiones económicas anunciadas en los últimos días por las autoridades de gobierno están generando una esperada controversia donde, lamentablemente, priman más los cálculos políticos de unos pocos que el bien comunitario de todos.
Políticos oficialistas, por ejemplo, han criticado al gobierno por el anuncio de alzar el precio del gas en Punta Arenas, por arriesgar perder los votos tradicionalmente de izquierda ganados en la última elección, mientras que políticos de la oposición eluden argumentar seriamente, recurriendo al viejo expediente de descalificar como ridículas las explicaciones para tomar tal medida, que no merecen ni contestarlas siquiera.
Lo que se requiere es un análisis racional de cada decisión, basada en priorizar los intereses del país por sobre cualquier otro.
¿Se deben capitalizar las utilidades de Codelco para hacer inversiones de crecimiento y dejar de traspasar sus utilidades al Fisco y así evitar endeudarse? Sí, si se demuestra que el beneficio neto de todos los efectos entre deuda y capitalización, incluyendo el valor de una mejor o peor calificación de riesgo para optar a futuros endeudamientos, son, para el país, mayores que el costo que se tendría que asumir por desfinanciar el presupuesto de gastos públicos, donde todavía se espera que la modernización del Estado siga avanzando.
¿Se deben vender las sanitarias estatales? Sí, si se demuestra que los recursos obtenidos hoy por esa venta permitieran hacer inversiones que mejoren los beneficios futuros que solo recibiríamos si se dispusiese de estos recursos.
¿Se debe privatizar ENAP? Sí, si se demuestra la imposibilidad de asignarle los recursos necesarios, de todos los chilenos, para transformarla en una empresa que, además de lograr eliminar su déficit operacional, genere beneficios futuros que compensen los que se dejarían de obtener por restar esos recursos de otras inversiones.
¿Se debe seguir agregando recursos para revertir la mala decisión de implementar el Transantiago? Sí, si se demuestra que no hacerlo tiene efectos negativos aún mayores para el país de los que ya tiene.
¿Se debe mantener o incluso subir los autofijados altos sueldos y grandes gastos de los parlamentarios en vez de propender a bajarlos? Sí, si se demuestra que esos recursos nos hacen contar con políticos, cuyo servicio al país (y no a sus intereses partidistas) nos reportan más beneficios que si se destinaran a otros fines de interés nacional.
Señales claras son necesarias para crear un ambiente de confianza en los inversionistas y en la comunidad que, sin duda, rechazará menos el ver disminuidos privilegios que no son buenos para la gran mayoría. Toda decisión tiene costos y beneficios. Objetivizar su análisis para determinar qué es lo mejor de aquí en adelante, poniendo el bien común por sobre cualquier otra consideración, sin duda nos hará avanzar en la senda correcta y de manera más rápida. No podemos seguir perdiendo tiempo escuchando echarle la culpa a las políticas de 17 años del gobierno militar, los 20 años de gobierno de la Concertación o el año del gobierno de la Alianza.
Políticos oficialistas, por ejemplo, han criticado al gobierno por el anuncio de alzar el precio del gas en Punta Arenas, por arriesgar perder los votos tradicionalmente de izquierda ganados en la última elección, mientras que políticos de la oposición eluden argumentar seriamente, recurriendo al viejo expediente de descalificar como ridículas las explicaciones para tomar tal medida, que no merecen ni contestarlas siquiera.
Lo que se requiere es un análisis racional de cada decisión, basada en priorizar los intereses del país por sobre cualquier otro.
¿Se deben capitalizar las utilidades de Codelco para hacer inversiones de crecimiento y dejar de traspasar sus utilidades al Fisco y así evitar endeudarse? Sí, si se demuestra que el beneficio neto de todos los efectos entre deuda y capitalización, incluyendo el valor de una mejor o peor calificación de riesgo para optar a futuros endeudamientos, son, para el país, mayores que el costo que se tendría que asumir por desfinanciar el presupuesto de gastos públicos, donde todavía se espera que la modernización del Estado siga avanzando.
¿Se deben vender las sanitarias estatales? Sí, si se demuestra que los recursos obtenidos hoy por esa venta permitieran hacer inversiones que mejoren los beneficios futuros que solo recibiríamos si se dispusiese de estos recursos.
¿Se debe privatizar ENAP? Sí, si se demuestra la imposibilidad de asignarle los recursos necesarios, de todos los chilenos, para transformarla en una empresa que, además de lograr eliminar su déficit operacional, genere beneficios futuros que compensen los que se dejarían de obtener por restar esos recursos de otras inversiones.
¿Se debe seguir agregando recursos para revertir la mala decisión de implementar el Transantiago? Sí, si se demuestra que no hacerlo tiene efectos negativos aún mayores para el país de los que ya tiene.
¿Se debe mantener o incluso subir los autofijados altos sueldos y grandes gastos de los parlamentarios en vez de propender a bajarlos? Sí, si se demuestra que esos recursos nos hacen contar con políticos, cuyo servicio al país (y no a sus intereses partidistas) nos reportan más beneficios que si se destinaran a otros fines de interés nacional.
Señales claras son necesarias para crear un ambiente de confianza en los inversionistas y en la comunidad que, sin duda, rechazará menos el ver disminuidos privilegios que no son buenos para la gran mayoría. Toda decisión tiene costos y beneficios. Objetivizar su análisis para determinar qué es lo mejor de aquí en adelante, poniendo el bien común por sobre cualquier otra consideración, sin duda nos hará avanzar en la senda correcta y de manera más rápida. No podemos seguir perdiendo tiempo escuchando echarle la culpa a las políticas de 17 años del gobierno militar, los 20 años de gobierno de la Concertación o el año del gobierno de la Alianza.
