La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) e Inacap entregaron este martes al Presidente José Antonio Kast una hoja de ruta para impulsar el desarrollo económico de Atacama, que identifica una cartera de 156 proyectos de inversión por US$ 40.887 millones y propone una serie de medidas para facilitar su ejecución durante los próximos años.
La entrega se realizó en el marco de la inauguración de Expo Forede 2026. El documento, denominado "Atacama, motores productivos, inversión y talento para el desarrollo regional", reúne un diagnóstico de las principales actividades económicas de la zona y establece prioridades para acelerar inversiones, ampliar la participación de empresas locales y formar trabajadores de acuerdo con las necesidades de los proyectos.
La propuesta pone especial atención en la minería del cobre y del hierro, las energías renovables y los servicios industriales, sectores que podrían impulsar nuevas actividades económicas en la región. También identifica oportunidades en desalación, logística, aprovechamiento de minerales críticos y turismo.
El informe forma parte de Motores Productivos Regionales, iniciativa que impulsan la CPC y sus ramas junto a Inacap para elaborar planes de desarrollo de largo plazo en las 16 regiones del país, a partir de sus capacidades productivas y las necesidades identificadas por los propios actores locales.
Impacto en el empleo
Uno de los principales antecedentes entregados al mandatario es la magnitud de los proyectos identificados para Atacama y sus posibles efectos sobre la economía regional. El estudio distingue tres escenarios de desarrollo. El primero, denominado Tendencial, considera 76 proyectos por US$ 17.417 millones, correspondientes a iniciativas con cronogramas de construcción definidos o en ingeniería de detalle, y con tramitación ambiental resuelta cuando corresponde.
Esta cartera declara 27.451 puestos de trabajo temporales durante su construcción. Una vez en operación, el modelo estima un efecto equivalente a 11.001 puestos en la economía regional y un aumento de 9,6% del Producto Interno Bruto (PIB) de Atacama.
El segundo escenario, denominado Activación, incorpora otros 80 proyectos que se encuentran en tramitación, elevando el total a 156 iniciativas por US$ 40.887 millones.
En este caso, los proyectos declaran 56.215 puestos de trabajo temporales durante su construcción, mientras que el efecto estimado en operación equivale a 23.971 puestos en la economía regional y a un 25,6% de su PIB. Las cifras corresponden a proyecciones de largo plazo, sujetas a la ejecución de las iniciativas.
El tercer escenario, denominado Despegue, considera mejoras en la productividad y el desarrollo de nuevas actividades económicas. Bajo el supuesto de un aumento simultáneo de 10% en la productividad de los sectores priorizados, la simulación estima efectos equivalentes al 9,2% del PIB regional y al 5,4% del empleo.
La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, planteó que el desafío es generar las condiciones necesarias para aprovechar la cartera de inversiones. “Hay una cartera de inversión de gran magnitud y tenemos que prepararnos para aprovecharla mejor. Eso significa formar a tiempo a los trabajadores, fortalecer a los proveedores y resolver las brechas de infraestructura. Esta hoja de ruta propone acciones concretas para que una mayor parte del valor que genera la inversión permanezca en Atacama”.
Acelerar inversiones
Más allá de identificar proyectos, el documento entregado al Gobierno establece una agenda de medidas para facilitar su materialización y aumentar sus beneficios para la economía regional. Entre las prioridades figura agilizar la tramitación de permisos y avanzar en infraestructura vial, portuaria, eléctrica, hídrica y urbana, considerada necesaria para el desarrollo de las inversiones.
En minería, la propuesta apunta a ampliar el procesamiento local del cobre y del hierro, además de fortalecer a las empresas regionales que prestan servicios de mantenimiento, ingeniería, tecnología y otras actividades especializadas.
Para el sector energético, plantea abordar las restricciones de transmisión y almacenamiento eléctrico, de manera de aprovechar la capacidad de generación renovable e impulsar nuevas actividades industriales. También propone preparar a los proveedores locales para participar en proyectos mineros, energéticos, de desalación e infraestructura, ampliando las oportunidades de negocio para las empresas de la región.
De acuerdo con el estudio, durante la construcción de proyectos Atacama retiene alrededor de un tercio del efecto total estimado sobre el PIB. Por ello, una de las prioridades es aumentar la participación de proveedores y trabajadores regionales.
El informe destaca que las micro y pequeñas empresas representan 94,1% de las unidades económicas de Atacama y concentran 30,4% del empleo dependiente, lo que las convierte en actores importantes para extender los beneficios de las inversiones.
Convertir crecimiento en empleo
La propuesta también pone sobre la mesa las diferencias entre el crecimiento económico de Atacama y los resultados de su mercado laboral.
Entre 2019 y 2025, el PIB regional aumentó 30%, mientras que el empleo creció solo 6,6%, una brecha que refleja las dificultades para traducir la expansión productiva en mayores oportunidades laborales.
Atacama representa el 3% del PIB nacional y el 8,2% de las exportaciones del país, pero concentra solo el 1,6% del empleo. La minería explica 97,1% de sus exportaciones.
El contraste también se observa en los indicadores económicos y sociales. Mientras el PIB por habitante alcanza US$ 33.870, equivalente a 191,6% del promedio nacional, el consumo por habitante representa 87,2% de ese promedio y la pobreza afecta a18,6% de la población. Durante 2025, la desocupación regional llegó a 9,2%, la informalidad al 29% y el desempleo juvenil a 25,7%.
Frente a este diagnóstico, la hoja de ruta plantea que las nuevas inversiones deben ir acompañadas de una mayor participación de empresas regionales y programas de formación que permitan a los trabajadores acceder a las oportunidades que se generen.
Formación técnica
Otro de los compromisos que busca impulsar la propuesta es una mayor coordinación entre instituciones educativas, empresas y gremios para anticipar la demanda laboral de las nuevas inversiones.
Entre las medidas planteadas se encuentran fortalecer la formación técnico-profesional, certificar competencias laborales, apoyar la reconversión de trabajadores y facilitar su contratación y permanencia en la región.
El rector de Inacap, Lucas Palacios, destacó el papel que tendrán las instituciones de formación en este proceso “Las instituciones educativas debemos trabajar estrechamente con las empresas, los gremios y las autoridades, identificando las competencias que demandarán las actividades productivas y generando oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida laboral”.
El informe también identifica la necesidad de mejorar las condiciones de vivienda y los servicios urbanos para atraer y mantener trabajadores, especialmente ante una eventual expansión de las actividades mineras, energéticas e industriales.
La elaboración de la propuesta consideró investigación económica, talleres con especialistas y entrevistas con representantes de gremios, empresas e instituciones regionales.
El informe de Atacama se suma al trabajo iniciado por ambas instituciones en la Región de Los Ríos, donde el 8 de octubre también se entregó al Presidente Kast una hoja de ruta de desarrollo productivo. La iniciativa contempla extender esta metodología a las 16 regiones del país.
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