El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la joya de la Ley Bases por la que el Gobierno de Javier Milei dio pelea en el Congreso, para atraer capital extranjero por, al menos, US$ 50.000 millones cumple su primer año con resultados que no alcanzan las expectativas.
Si bien en los últimos meses se han confirmado inversiones y el Gobierno asegura que existen mas de seis proyectos en estudio, según un informe de Fundación Encuentro, en el primer año de vigencia se aprobaron proyectos por un valor de US$ 8.573 millones, lo que representa solo el 17,1% de la meta oficial que hizo publica el titular de Economía.
"Los anuncios ya exceden los US$ 50.000 millones" dijo Luis Caputo el 20 de septiembre de 2024 en un evento de la Bolsa de Comercio de Rosario, según publicó la agencia EFE.
"Ninguno de los proyectos ha entrado en operación, por lo que no hay todavía nuevos flujos de exportación derivados del RIGI ni efectos visibles en la actividad industrial", destacó el documento.
En sintonía, agrega que en 2025 el flujo neto de Inversión Extranjera Directa (IED) de Argentina siguió siendo débil o negativo, al descontar US$ 1.679 millones en la primera parte del año; de continuar esta tendencia reflejaría el peor registro en décadas.
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Además, el estudio indica que de los siete proyectos aprobados, solo uno fue concebido después de su sanción, lo que evidencia que el régimen ha beneficiado principalmente a empresas con planes ya en marcha, sin generar el "aluvión" de nuevas inversiones prometido por el Gobierno.
Por eso, según el relevamiento, en términos netos, el Gobierno logró atraer un único proyecto nuevo, lo que se traduce en una inversión de apenas el 0,5% de lo prometido.
Un año atrás, se debatía el amplio abanico de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de estabilidad normativa por 30 años, en ocho sectores estratégicos como minería, energía e hidrocarburos.
A pesar de ser presentado como una herramienta clave para impulsar exportaciones y generar empleo, el régimen fue duramente criticado por diversos sectores sociales y políticos.
Sin embargo, los proyectos aprobados se concentran en solo cuatro de los ocho sectores estratégicos definidos, con un claro sesgo hacia la actividad primaria-extractivo como el petróleo, el gas y la minería.
El análisis también muestra que la petrolera de bandera nacional, YPF, es impulsora en tres de los siete proyectos, principalmente vinculados a la explotación de Vaca Muerta.
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