Para muchos, las crisis son oportunidades y por eso es que cuando las finanzas de las isapres estaban en su punto más delicado, las presiones para que la ley corta se convirtiera en una reforma más profunda al sistema de salud vinieron desde todos los sectores.
La norma, como pretendían varios parlamentarios, no escaló a ese estatus y se limitó a entregar un equilibrio temporal al sector privado, implementar el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores -por el cual las empresas deben hacer devoluciones masivas a sus afiliados- y evitar una crisis sistémica.
No obstante, el compromiso de avanzar quedó explícito. En su artículo undécimo, la ley corta estableció que el Presidente de la República, durante 2024, debería entregar “uno o más proyectos de ley destinados a reformar el sistema de salud en su conjunto, a fin de profundizar los principios de seguridad social en salud y fortalecer las competencias del Fonasa”.
Independiente de lo anterior, antes del 1 de octubre (este martes), se deberían enviar al Congreso uno o más proyectos de ley para eliminar las preexistencias y las discriminaciones por edad y sexo, tanto en isapres como para planes complementarios de salud.
El día viernes, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, acotó que cumplirían con el compromiso y, según confirman distintos conocedores de los preparativos, será este lunes 30 de septiembre, mediante el ingreso de dos proyectos de ley.
Las dos iniciativas
En los últimos meses, los equipos del Ministerio de Salud (Minsal) han estado reuniéndose permanentemente con parlamentarios, de cara a la presentación de estos proyectos. Estas citas han sido lideradas por quien fue nombrado en 2022 por el Ejecutivo como coordinador de la reforma a la salud, Bernardo Martorell. En la mayor parte de ellas también ha participado el director de Fonasa, Camilo Cid.
Pese a que se trata de proyectos que implican cambios relevantes para el sistema, en el sector se evita hablar de que esto sea la reforma. Primero, porque existe cierto consenso en cuanto a que el sistema privado y las isapres permanecen debilitados -y con una deuda millonaria-, por lo que los temores de una crisis no se han disipado y se estima que las modificaciones deben ser aún más profundas. Y, segundo, porque las ambiciones de estos proyectos distan diametralmente de la envergadura de la reforma que estaba en el programa de Gobierno, que implicaba el fin de las isapres como existen hoy en día, creando un Fondo Universal de Salud (FUS) y convirtiendo a las aseguradoras privadas en seguros complementarios de “segundo piso”.
Según señalan distintos parlamentarios que han participado de las reuniones con el Ejecutivo, la idea es que una de las iniciativas que ingresará el lunes esté orientada al compromiso específico de eliminar las preexistencias, mientras la otra tendría como fin el fortalecimiento de Fonasa. Asimismo, agregan que lo más probable es que uno ingrese a través del Senado y el otro mediante la Cámara de Diputados.
Vale decir que estos dos proyectos serían el primer paquete de modificaciones propuestas por el Gobierno. La idea es que, en enero, ingresen otras dos iniciativas: una dirigida al fortalecimiento de la Superintendencia de Salud y otra relativa al Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), para abordar el elevado gasto en licencias médicas, considerado uno de los mayores dolores del sistema.
El debate político
El Minsal ha sido hermético respecto al detalle de los proyectos, generando expectación sobre estos.
En el caso de aquel que buscará eliminar las preexistencias, en el sector ya se adelanta que el debate girará en torno a la manera de financiarlo. Una mesa de diez expertos convocada por el Senado había apoyado la creación de un fondo de compensación entre las isapres para solidarizar el riesgo. Sin embargo, esa fórmula no convence a los sectores más duros del oficialismo, que apuntan a seguir avanzando hacia un sistema único de salud.
De acuerdo a una fuente al interior del Ejecutivo, existe reticencia en este sector a enfilarse hacia un “sistema privado con seguridad social” que, a la gran mayoría, recuerda al proyecto que tenía el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.
En la industria, consideran que, sin el fondo de compensación de riesgos, la norma no tendrá viabilidad financiera. La eliminación de las preexistencias, aunque ya fue admitida como necesaria por todas las isapres, implicará una carga económica adicional para un sistema privado que ha perdido 630 mil afiliados en tres años y que tuvo pérdidas por más de $ 80.000 millones solo en el primer semestre.
En ciertos sectores del oficialismo hay una crítica interna sobre cómo se resolvieron las aspiraciones en materia de salud. En un principio, la administración del Presidente Boric tenía como sus tres grandes pilares las reformas tributaria, previsional y de salud. No obstante, fueron las dos primeras las que se priorizaron y que, sin lograr una tramitación expedita, continúan trabadas en el Congreso.
Así, a pocos meses de llegar al último año del periodo presidencial, cuando estarán las elecciones en ciernes, hay algo que ya se da por hecho tanto en la industria como en el mundo político: si bien se ingresarán proyectos que significan cambios gravitantes, la eliminación de las isapres no se materializará en este Gobierno.
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