Plan B
Quienes decidieron ponerse en todos los escenarios fueron los senadores de la DC Ximena Rincón y Matías Walker. Junto a Pedro Araya e Iván Flores presentaron un proyecto que flexibiliza los quórums para reformar la Constitución vigente.
Su propuesta conecta con una demanda de larga data de los sectores de centroizquierda y, además, fue bien recibida por los partidos de Chile Vamos.
RN, la UDI y Evopoli ya habían manifestado su disponibilidad para facilitar los acuerdos políticos y el cambio constitucional ante un eventual triunfo del “rechazo”. Menos entusiasta fue la respuesta del gobierno y, en particular, del propio Presidente Boric.
Continuando con su zigzagueo respecto a la cuestión constitucional —queremos una Constitución que nos una, luego cualquier cosa es mejor que la herencia de los cuatro generales, y así—, ahora reaccionó con dureza ante el proyecto de Walker y Rincón: “no le digan a la gente que acá hay terceras vías”.
La declaración de Boric no es muy propia de un estadista, pero sí resulta coherente con la agenda de la comisión de normas transitorias de la Convención, que apuesta a dificultar los cambios al nuevo texto en caso de ganar el Apruebo: al parecer, para algunos sólo hay plan A.
En efecto, dicha comisión aprobó mantener el requisito del “consentimiento” de los pueblos originarios en aquellas materias que les afecten, y también aprobó exigirle al Congreso actual 2/3 o 4/7 más plebiscito para modificar todo lo “sustancial”. ¿Será realmente viable “aprobar para reformar”?
¿Problema constitucional o político?
“Con la Constitución actual, muchas de nuestras reformas no se podrían llevar a cabo”, afirmó el ministro Giorgio Jackson. Las críticas llegaron rápidamente, sin embargo, y no sólo desde la oposición.
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), sostuvo que Jackson “se equivoca rotundamente, yo creo que un ministro de Estado no puede hacer esa aseveración”.
El trasfondo de la crítica del socialismo democrático es claro: si al ministro le faltan votos para aprobar sus reformas, tiene que ir a dialogar al Congreso y articular las mayorías necesarias. Así lo han hecho todos los gobiernos desde 1990 en adelante. Y así funciona la democracia: como decía Raymond Aron, este régimen no es para impacientes.
En cualquier caso, el episodio confirma una vez más las severas dificultades de La Moneda para articular un mensaje único respecto del plebiscito del 4 de septiembre.
Eso fue precisamente lo que denunció el senador del PS Gastón Saavedra, quien subrayo “las fragilidades que tiene el gobierno para asumir las palabras del propio Presidente: que ambas opciones son legítimas”.
El fin del hechizo
Si bien quedan pocas dudas de que el clima político ha variado desde octubre de 2019 a la fecha, la nueva Encuesta CEP ratifica el “fin del hechizo” del estallido social.
Desde luego la ciudadanía sigue aspirando a cambios importantes, pero, tal como ya adelantaban los primeros informes del proyecto “Tenemos que hablar de Chile”, se anhelan cambios con estabilidad y certeza.
Más y mejor seguridad social, sin duda, pero también diálogo político y seguridad en el sentido tradicional del término (lucha contra la delincuencia, narcotráfico, etc.) Si se quiere, se trata de construir el segundo piso de la casa asegurando el primero; no poner en riesgo lo que ya existe.
De ahí quizá la frustración respecto de la Convención y, en particular, respecto de los convencionales. De hecho, en esa decepción reside uno de los principales motivos para votar “rechazo” según los datos que entrega la encuesta.
Asimismo, en ese y en otros números que arroja la CEP —como la prioridad que se le asigna a la delincuencia, la economía y la migración, o el posicionamiento de Evelyn Matthei y Mario Marcel como los políticos mejor evaluados— se constata el grave error de diagnóstico de la Convención Constitucional.
Había que reivindicar críticamente los 30 años, no abjurar por completo de ellos. Los resultados están a la vista.
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